Ministro de Salud reitera necesidad de regular actividad de las empresas de medicina prepaga

El Gobierno reiteró hoy su decisión de respaldar el proyecto de ley de regulación de las empresas de medicina prepaga, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y se encuentra en estudio en la comisión de Salud de la Cámara baja.

Así lo expresó este mediodía el ministro de Salud, Juan Manzur, al señalar que «para el Poder Ejecutivo es central regular la actividad de las empresas de medicina prepaga, y esta es la posición que sostuvimos ante senadores de varias comisiones cuando fui convocado a sentar la posición del Gobierno al respecto, en noviembre pasado».

A través de un comunicado, el funcionario recordó que en esa oportunidad fue «más que claro respecto a la necesidad de generar un marco regulatorio para el funcionamiento de las empresas de medicina prepaga, para garantizar los derechos de sus asociados».

Luego, en una conferencia de prensa, el ministro enfatizó que «no tengo dudas que la ley será tratada y aprobada».

Asimismo, destacó que la aplicación y la regulación de la ley «debe recaer en el Ministerio de Salud».

Ayer, la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados suspendió «hasta nuevo aviso» la reunión que tenía previsto tratar, entre otros temas, el marco regulatorio para las prepagas.

Esa postergación fue decidida por el vicepresidente de la comisión, Agustín Portela (UCR- Corrientes), quien explicó a DyN que los asesores de la comisión «no llegaron» a concluir el análisis del proyecto para recomendar aceptar o rechazar las modificaciones que hizo el Senado en noviembre último y dijo no entender «la urgencia que los medios le dan» a este tema, que, aseguró, «se va a tratar» en algún momento que no definió.

Manzur remarcó que «los actuales sistemas de salud demandan una regulación que garantice la accesibilidad y cobertura de prestaciones a sus afiliados».
El titular de la cartera sanitaria añadió que, entre otros beneficios par
a los asociados de este tipo de empresas, una regulación les permitiría conocer «los derechos que pueden exigir, que hoy en muchas casos deben ser dirimidos por el Ejecutivo o el Poder Judicial».

«Se trata de cuatro millones y medio de personas que en la actualidad no tienen cómo hacer valer sus derechos como usuarios y consumidores de un servicio, por la falta de una regulación específica», planteó Manzur.

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