El máximo tribunal mandó examinar nuevamente el expediente ya que consideró que la sala III de la Cámara de Casación Penal “no efectuó una revisión integral, exhaustiva y amplia del fallo condenatorio, y omitió analizar en forma debida” el descargo del imputado.

Una vez conocida la decisión, Carrera levantó la huelga de hambre que mantenía desde hacía 17 días en el penal de Marcos Paz para pedir que se “acelere” la revisión de su caso y sus abogados solicitaron la excarcelación ante el tribunal que lo condenó.

“Pedimos lo que técnicamente se llama cese de la medida cautelar de la prisión preventiva y ahora tienen 24 horas para resolver porque a partir de este fallo Fernando lleva siete años y cuatro meses sin sentencia firme”, explicó a Télam Federico Ravina, abogado de Carrera.

La presentación ante el Tribunal Oral en lo Criminal 14 fue acompañada por una ruidosa protesta a la que asistieron el director de cine Enrique Piñeyro, quien dirigió la película “The Rati Horror Show” -que relata la “Masacre de Pompeya”-, y medio centenar de familiares y amigos del condenado.

“Se va a acabar la burocracia judicial”, “Para Carrera, la libertad, a la brigada, la cárcel ya” y “Para (el juez Hugo) Cataldi que lo mira por tevé”, gritaron los manifestantes en el edificio de Lavalle 1171, el último cántico en alusión al presidente del tribunal.

Ravina dijo que se sentía “contento por la decisión de la Corte porque por primera vez” le dan la razón, aunque dijo que esperaba “la anulación de todo el fallo y que directamente ordenaran la libertad” de su cliente.

El hecho ocurrió el 25 de enero de 2005, cuando -según entendió el TOC 14- Carrera huía de la Policía, que lo perseguía por un robo, tomó con su auto la avenida Sáenz de contramano, y embistió a varios peatones, provocando la muerte de una madre y su hijo de seis años y otra mujer.

El imputado y la defensa siempre sostuvieron que la causa fue “armada”, luego de que, al confundir a Carrera con un ladrón, los efectivos le dispararon 18 balazos, 8 de los cuales le impactaron en el cuerpo.

La defensa argumenta, también, que Carrera huyó porque pensaba que iba a ser víctima de un asalto y que estaba inconsciente cuando embistió a los peatones debido a que había sido baleado.

El fallo del tribunal oral fue confirmado el 5 de mayo de 2008 por Casación, en tanto que en 2010, el procurador adjunto Luis González Warcalde opinó que la Corte también debía ratificar la sentencia.

En su resolución, la Corte hizo lugar al recurso de queja de la defensa, dejó sin efecto la confirmación de la sentencia a 30 años efectuada por la sala III de Casación y ordenó que la causa vuelva a ese tribunal para dictar un nuevo fallo.

“El tribunal revisor no trató de modo suficiente y acabado los argumentos planteados por la defensa (…) y por los que sostuviera que su asistido era ajeno al ilícito de robo por el que fuera condenado y que no era responsable por los demás ilícitos por los que recayó sentencia”, sostuvo la Corte.

El voto mayoritario fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni, en tanto que Enrique Petracchi firmó en disidencia y entendió que el recurso extraordinario era “inadmisible”.

Los jueces mencionaron que se debió tener en cuenta “el reconocimiento negativo (de Carrera) y del arma secuestrada por parte de los damnificados del robo y al cúmulo de declaraciones que, desde la óptica de la defensa, controvertirían el modo en que se rechazó el descargo” del imputado

Objetaron que se haya dado por probado “la existencia de sirenas durante la persecución policial y que (el acusado) condujo el vehículo en pleno control como también que disparó contra las fuerzas policiales y tuvo en su poder el arma secuestrada”.

El juez Zaffaroni, en su voto, cuestionó la cantidad de disparos que recibió el imputado y pidió investigar si éste quedó inconsciente y por eso atropelló y mató a las tres personas.

El ministro sostuvo que el comportamiento de los miembros de la fuerza y del imputado Carrera “parecen alejarse de lo que cabe esperar tanto de las conductas policial como criminal”.

El juez dijo que “correspondería evaluar si el impacto recibido por el imputado le ha afectado su consciencia en forma que le haya perturbado gravemente su senso-percepción y en particular, su juicio crítico, su atención y su fijación”.

Zaffaroni resaltó que “tampoco es usual que si el imputado se había liberado de su compinche (y del dinero supuestamente robado), se hubiese quedado con un arma en el vehículo, que sería prueba del primer delito”.