En el diario «Perfil» del domingo 3 de Noviembre (página 44 y siguientes) aparece un extenso reportaje efectuado al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Luis Lorenzetti.

En uno de los párrafos que integran ese ilustrativo reportaje, el titular de la Corte Suprema de Justicia dice: «…Por ejemplo, el tema drogas. Tuve un planteo hace dos meses de la Cámara de Salta, de la Cámara de Tucumán, los jueces de allá me plantearon la situación muy grave que hay. Pasan caravanas de cien vehículos con armas y nadie los puede parar, la Gendarmería ha retrocedido, los jueces no tienen elementos, faltan jueces, hay Juzgados vacantes, falta crear Juzgados. Me vine realmente desesperado con esta situación, lo conté en la Corte, hablamos con el Poder Ejecutivo, lo pudimos hablar con la Presidenta este tema…».

En los párrafos siguientes, el Dr. Lorenzetti amplia las razones de su preocupación invocando la falta de radares, la falta de Juzgados, la vacancia de alguno de ellos y la carencia de recursos económicos para enfrentar este flagelo, ya instalado en los grandes centros urbanos.

El presidente de la Corte Suprema no hace otra cosa que poner en negro sobre blanco y con total claridad, la enorme omisión en que incurre el Estado en relación a un delito cuyos efectos deteriorantes no necesitan ser explicados. La penetración de la droga es altísima, especialmente en los sectores de menores recursos y la instalación de las mafias que la trafican no puede ser ignorada por nadie que tenga una mínima noción de la realidad.

La presencia del tráfico de drogas y su capacidad corruptora y la enorme influencia que ha adquirido, no se pueden explicar sino a través de la omisión y la complicidad de funcionarios del Estado, en la Policía, en la Justicia, en el Poder Ejecutivo Nacional y en los recovecos de los gobiernos provinciales, especialmente los más cercanos a la frontera norte.

La falta de radares, el desplazamiento de la Gendarmería hacia funciones de seguridad callejera en los centros urbanos y la carencia de un Poder Judicial con medios adecuados, determina que nuestros límites territoriales sea un colador por el que pasan «caravanas de hasta cien vehículos con armas» sin que nadie interfiera.

La ausencia del Estado no sólo es producto de la incapacidad: acá se suman complicidades públicas y privadas. No tengo ninguna duda -aunque no pueda probarlo, que hay funcionarios del Estado que facilitan la acción de las mafias, pero también en el campo privado hay gente que pone a disposición los medios que administra, para blanquear la enorme cantidad de dinero que proviene de ese comercio infame.

Si no reaccionamos entre todos, nuestra sociedad está perdida.

Dr. Juan Manuel Casella
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