La iniciativa pone el foco en que se dé lugar al mínimo del 4% del personal que los organismos de los estados provincial y municipales tienen que ocupar con personas con discapacidad, las cuales deben estar inscriptas en el Registro Provincial del Servicio de Colocación Laboral Selectiva (SECLAS).
Ante este pedido, el secretario General a cargo de la Defensoría, Marcelo Honores, destacó que la iniciativa no solo apunta a dar lugar a “que personas postergadas durante mucho tiempo puedan hacer valer sus derechos”, sino que también “permite garantizar la transparencia de la actividad del Estado”.
“Las personas con discapacidad tienen el derecho a trabajar en igualdad de condiciones, así lo establece nuestra Constitución Nacional, porque el trabajo es un derecho y un bien social”, detalló el director Ejecutivo del Área de Discapacidad del organismo, Sergio Nahabetian.
La medida de la Defensoría tiene que ver con las numerosas quejas que se presentaron ante este tipo de vulneración del derecho al trabajo, como así también al incremento que se registra en la Provincia de las solicitudes de empleo por parte de personas con discapacidad.