El gobierno bonaerense dará un paso más en el control de la evasión: utilizará cámaras de video para registrar el ingreso de personas a restaurantes y hoteles, con el objetivo de determinar el verdadero flujo de clientes que tienen los locales comerciales; de esa manera, las autoridades esperan aumentar sensiblemente la recaudación tributaria.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) trabajaba desde hace meses con esta idea, que encontró aval legal luego de que los legisladores aprobaran la Ley Impositiva 2015. Esto motivó la satisfacción del titular del ente fiscal bonaerense, Iván Budassi, quien celebró la noticia porque entiende que proporcionará “mayores mecanismos de control a la hora de fiscalizar“.

La autorización quedó reglamentada en un extenso artículo que hace referencia a las “determinaciones de oficio sobre base presunta”, por el cual la Autoridad de Aplicación podrá valerse de “datos obtenidos por los software que contabilizan personas y vehículos a través de cámaras de video o filmaciones“.

Aún no está claro cómo se implementará el nuevo sistema de monitoreo estatal. Lo que sí está claro es que ARBA ya había comenzado a trabajar en este tema y el propio Budassi había adelantado en el mes de agosto que ya habían “firmado convenios con 20 municipios” y se hicieron pruebas piloto, con el objetivo de que el sistema “estuviera en funcionamiento en el verano”.

Aunque en principio se creía que las cámaras serían instaladas en los postes de la vía pública que utilizan los municipios, eso todavía no está confirmado. Lo que sí está claro es que los dispositivos estarán ubicados fuera de los locales inspeccionados. Y muchos serán móviles e irán cambiando de lugar.

La estrategia está motivada esencialmente por el alto nivel de evasión que se registra en los restaurantes bonaerenses: en ARBA estiman que menos del 10% de los establecimientos gastronómicos existentes utiliza sistema de pago electrónico (muchos trabajan sólo en efectivo), e incluso los que lo tienen evaden en promedio un 25% de lo que facturan.

El ente recaudador tendrán más elementos de presunción para realizar estimaciones de oficio; por ejemplo -repasa El Cronista– el ingreso bruto de un período fiscal no podrá ser inferior a 3 veces las remuneraciones básicas promedio del convenio colectivo de trabajo propio de la actividad.

En ese sentido, el artículo antes mencionado que aparece en la Ley Impositiva 2015 apunta que “la administración podrá valerse de la siguiente información: el consumo de gas, de agua, de energía eléctrica u otros servicios públicos, la adquisición de materias primas o envases, el monto de los servicios de transporte utilizados, el monto de alquileres o el valor locativo del inmueble cedido gratuitamente donde realiza la actividad, los seguros, seguridad y vigilancia, publicidad, los gastos particulares (alimentación, vestimenta, combustible, educación, salud, servicio doméstico, alquiler, etc.) acorde al nivel de vida de los propietarios o socios, el tipo de obra ejecutada, la superficie explotada y nivel de tecnificación y, en general, el tiempo de ejecución y las características de la explotación o actividad“.

“Este detalle es meramente enunciativo y su empleo puede realizarse individualmente o utilizando diversos índices en forma combinada”, aclara el texto de la norma que promete generar polémica, fundamentalmente por el control con las cámaras de video.

Por lo pronto ya hay airadas reacciones porque la Ley Impositiva ingresó con un 30% de aumento inmobiliario, por lo que actualizó significativamente las propiedades urbanas y rurales.