El envío del expediente a la jefa de los fiscales fue resuelto en la habitual reunión de acuerdo que se realiza los días martes y de algún modo oficializa que la Corte Suprema ya tomó en sus manos la causa enviada por el tribunal de segunda instancia platense.

Alejandra Gils Carbó no tiene plazo para emitir su dictamen pero se estima que no será muy largo el plazo daba la gravedad institucional del tema, ya que el fallo en vigencia retrotrajo las tarifas a los valores previos a las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería.

Mediante esas resoluciones, el gobierno dispuso a partir de marzo la suba de hasta un 2.000 por ciento según el tipo de consumidor y la región en la que reside, según denuncias de los usuarios.

Tras el fallo de la Sala II de la Cámara platense, el 7 de julio pasado, ese mismo tribunal habilitó la apelación del gobierno pero mantuvo el efecto suspensivo de su medida hasta el fallo de la Corte.

Este lunes, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anticipó que el Poder Ejecutivo realizará una “audiencia informativa” para dar a conocer el valor de “la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo” y consideró “muy grave” que la Corte no avale los aumentos.

Todos los amparos concedidos por decenas de jueces y tribunales en contra del tarifazo, tanto en el gas como en la electricidad, se basan en la ilegalidad de haberlos dispuesto sin una audiencia pública previa prevista en los contratos de concesión.

El primer amparo contra el aumento del gas fue gestionado por el gobierno de Chubut pero luego se sucedieron medidas suspensivas en todo el país.

Dos días antes de comenzar la feria judicial de invierno, el 18 de julio, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, pidieron al Poder Ejecutivo que diera precisiones sobre los criterios y la progresividad de los aumentos aplicados.

Lo hizo ante un pedido de intervención del gobierno hecho a través de la Procuración General del Tesoro, para que la Corte tome el tema en sus manos.

El fallo suspensivo surgió tras las apelaciones presentadas por las asociaciones civiles CEPIS y Consumidores Argentinos, y de la resolución del Juzgado Federal de primera instancia 4 de esta capital, que ordenó convocar a una audiencia pública para debatir con usuarios los aumentos.

La Cámara platense estableció que “la Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales”, al declarar la “nulidad” de las resoluciones del Ministerio de Energía.

Al habilitar la feria a pedido del gobierno, ese tribunal pidió a las demás jurisdicciones federales que le remitan los 46 expedientes que se abrieron en todo el país contra la suba del precio del gas y que desde el 4 de agosto pasaron a la Corte.