El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el director del Anses, Diego Bossio representaron en horas de la mañana al Gobierno Nacional ante la Corte Suprema de Justicia en la demanda que interpuso De la Sota en reclamo de fondos para la caja de jubilación de esa provincia.

Luego de ese encuentro, ambos funcionarios realizaron una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, oportunidad en la que Lorenzino aseguró que el Gobierno Nacional no propuso “ni un ajuste ni un recorte” a la provincia y aseguró que “los problemas que enfrenta el gobernador no tiene nada que ver con lo que ha hecho el Gobierno federal en los últimos años”.

Por su parte Bossio aseguró que el Gobierno Nacional “no le debe nada a Córdoba” y consideró que De la Sota, en la audiencia en la Corte “por momentos, parecía un político en campaña” más que un funcionario siendo riguroso para alcanzar una solución.
En esta misma línea, Lorenzino se preguntó “¿qué busca el Gobierno de Córdoba, tener un chivo expiatorio, alguien a quien acusar de algo, o una proyección nacional, la necesidad de salir en los medios nacionales?”.

El funcionario desalentó cualquier especulación en torno a un ahogo financiero a la provincia al destacar que entre el 2003 y el 2011 “las transferencias del Gobierno Nacional a esa provincia han crecido más del 600 %” y que solo con la refinanciación de su deuda, el estado provincial se ahorró este año de pagar 1.351 millones de pesos.

En tanto Bossio explicó que “sólo 16 % de los cordobeses pertenecen al régimen previsional provincial, mientras que el 84 % cobra a través de la Anses y gozan de todos los beneficios, entre otros la ley de movilidad”.

El funcionario explicó que, a través de diversos convenios, la provincia se comprometió a emparejar la situación previsional de la provincia, con la de la Nación, “pero eso no se cumplió” en todos sus aspectos “tal como se había convenido de manera voluntaria”.

No obstante “la Nación le siguió transfiriendo recursos a la provincia”, unos 4.440 millones de pesos desde el 2002, pero “no existe obligación del Estado nacional de financiar otro déficit previsional.

Córdoba “no actuó con la misma buena fe con la que actuó el Gobierno Nacional”.
Por su parte De la Sota, solicitó al gobierno nacional “tratar de lograr un acuerdo en el que todos salgamos beneficiados”.

“Los cordobeses queremos cobrar, queremos que nos paguen lo que nos deben, no somos destituyentes ni conspiradores ni enemigos de su gobierno, ni estamos en una pulseada por el poder”, aseguró de la Sota durante una conferencia de prensa celebrada al término de la audiencia de la Corte.

Lorenzino reiteró que “las provincias pueden autónomamente decidir qué tipo de políticas previsionales implementar, pueden decidir, por ejemplo, que el 10% de los jubilados con mayores haberes en sus cajas cobren casi 10 veces más que el 10% de los jubilados con menores haberes de las mismas cajas, pueden incluso (aunque no deberían) proponer políticas que incrementen aún más esta inequidad. Pero no con la plata del conjunto de los argentinos”.

“La Nación no puede y no debe financiar políticas previsionales que aumenten la desigualdad… ni en Córdoba ni en ningún otro lugar del país”. Ello implicaría desconocer el esfuerzo de todos los argentinos para construir desde 2003 en adelante un sistema de Seguridad Social armónico e inclusivo, y un país más justo y solidario”, aseguró el ministro.