Desalojo de campesinos deja al menos 17 muertos en Paraguay

Diecisiete muertos, entre campesinos y policías, y unos 70 heridos dejó el violento desalojo de un predio de unas 2 mil hectáreas ocupadas ilegalmente en un distrito del norte de Paraguay, hecho por el cual el presidente Fernando Lugo decidió el reemplazo del ministro del Interior y del jefe de la Policía.

Las muertes -17 para la mayoría de los medios, 18 para algunos sitios de diarios asunceños- ocurrieron durante un intento de desalojo a sin tierras agrupados en la Liga Nacional de Carperos y colocaron al gobierno de Lugo en la situación más delicada desde su asunción, en agosto del 2008.

Las versiones sobre el número de fallecidos y heridos discreparon durante toda la jornada y entre los atendidos en varios hospitales hay personas en grave estado, por lo que el número de muertos puede incrementarse.

El episodio había puesto en guardia al Ejecutivo, sobre todo a partir de las versiones de que la oposición intentaría iniciar un juicio político a Lugo y de que el Congreso intentaría forzar la salida del cargo de Filizzola, cuyo reemplazo dispuso el presidente hacia la noche, durante una reunión del Consejo de Ministros.

Lugo decidió además el relevo del jefe de la Policía, Paulino Ríos. Los nombres de los dos reemplazantes se conocerán mañana entre la primera hora y el mediodía, según la estatal agencia IP Paraguay.

Lugo suspendió todas las actividades que tenía agendadas para hoy e hizo dos apariciones, una a través de un comunicado para solidarizarse con las familias de los policías muertos, y otra en persona, para informar que ordenó a las Fuerzas Armadas sumarse a la zona para garantizar que no haya nuevos enfrentamientos.

Los hechos se dieron en un campo ocupado del municipio de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, al noreste del país, en la frontera con Brasil, donde campesinos sin tierra se instalaron en un predio del empresario Blas Riquelme, ex senador del otrora hegemónico Partido Colorado.

La versión de la Policía fue que los campesinos emboscaron a los agentes que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron ese argumento y restaron responsabilidad a los labriegos.

“Ordené a las Fuerzas Armadas a desarrollar su misión específica en apoyo a la policía de acuerdo a la ley de seguridad interna y garantizamos la plena vigencia de la ley y de las instituciones del Estado”, señaló Lugo en un breve mensaje al país, desde la residencia presidencial.

Antes, se había divulgado un comunicado en el que expresó su “gran pesar y repudio” por los hechos y su “firme respaldo a la tarea de las fuerzas del orden que se desempeñan en defensa y preservación de la ley”.

“Manifiesto mi solidaridad con los familiares de las víctimas fatales y los heridos de las fuerzas del orden que entregaron su vida en el cumplimiento de su misión”, expresó Lugo en el texto, en el que destacó que “los organismos de seguridad del gobierno y sus áreas estratégicas están trabajando en este momento en líneas de acción que devolverán calma y tranquilidad” a la región.

En ese encuentro con la prensa, el todavía ministro Filizzola había rechazado las versiones sobre su destitución y asegurado también que “no hay evidencias aún” de que en el enfrentamiento hayan participado miembros del grupo guerillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

“El hecho fue consecuencia de una orden judicial para desalojar una propiedad ocupada. No es la primera vez que se procede a desalojos y se procedió legalmente, con orden fiscal correspondiente. Hoy se activó el operativo en base a una orden judicial”, recalcó.

El ministro indicó que los ocupantes eran campesinos de “diferente procedencia y diferentes organizaciones”, pero algunos incluso “conocidos” de ocupaciones anteriores. A esa hora, se hablaba de 9 campesinos y 7 policías muertos, aunque luego murió otro uniformado.

Según las agencias DPA y Prensa Latina, Fillizzola apuntó que la situación ya estaba “controlada”, por lo que “no amerita” declarar el estado de excepción, en tanto se buscaba a algunos campesinos refugiados en la zona boscosa aledaña al lugar de los incidentes.

A última hora, el Senado declaró tres días de duelo y se esperaba una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados con contenido incierto.

Cuando todavía tenía el respaldo de Lugo, Filizzola había asegurdo que “no existe ni pies ni cabezas, ni argumento alguno” para solicitar el juicio político a Lugo, como lo pidió el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo.

También el gobernador de Itapúa y titular del Consejo de Gobernadores de Paraguay, Juan Afara, consideró a Lugo como “el principal responsable de lo que pasó, porque no supo evitar algo que se veía venir”.

La Policía Nacional, en tanto, emitió un comunicado en el que denunció la “cobarde agresión” de los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos a los uniformados, y remarcó que la fuerza pondrá “el mejor de sus esfuerzos para el cumplimiento de sus funciones”.

El comunicado denuncia que los policías fueron recibidos con disparos de armas de fuego, y el jefe de investigación de Salto del Guairá, Walter Gómez, fue aún más allá al denunciar que los uniformados fueron “emboscados por los campesinos”.

Para Gómez, “esa gente está entrenada y que ya no son simples campesinos, sino criminales”.

A modo de réplica, el dirigente José Rodríguez, del Movimiento de los Campesinos, afirmó a un canal de TV que las familias rurales establecidas en la hacienda “sólo resistieron al desalojo y no fueron las culpables de los disparos” contra la policía.

El problema de la tenencia de la tierra es uno de los más complejos en Paraguay, donde grandes propietarios fueron acusados por instituciones estatales de apoderarse de terrenos mediante negocios ilegales y son frecuentes las ocupaciones por parte de los sin tierras.

Un plan de reforma agraria y entrega de terrenos a los campesinos fue parte de las promesas de campaña de Lugo, pero esa iniciativa avanza lentamente.

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