Corrupción, impunidad y muerte

Escribe el Dr. Juan Manuel Casella.

En un comentario anterior (19 de marzo) dijimos que una de las causas del enrarecimiento del clima social argentino «…es la percepción clara de que en los ámbitos del gobierno y seguramente con la complicidad de ciertos empresarios, la corrupción se ha instalado como una enfermedad crónica…».

La información emitida por Jorge Lanata el domingo pasado convalida este razonamiento y, además, demuestra la existencia de una trama perfectamente montada para evadir el control del Estado y sacar del país el dinero generado por la corrupción. Un verdadero escándalo, organizado desde el poder.

Esa noticia, confirmatoria de lo que todos presumíamos, aparece dentro de un marco particularmente preocupante: el gobierno nacional ha iniciado el proceso de reforma del Poder Judicial, incluyendo un mecanismo de designación y remoción de los jueces que le garantiza todo el poder para condicionarlos y someterlos.

Está claro que la reforma judicial programada por el Ejecutivo apunta al propósito de subordinar la justicia. Es uno de los capítulos principales del «vamos por todo» presidencial.

Pero además, también persigue el objetivo de garantizar la impunidad para quienes desde el gobierno o desde las empresas privadas, utilizan su poder político y sus vinculaciones para enriquecerse sin medida. La impunidad es el segundo de los objetivos buscados y es obvio que la Presidenta está comprometida en la búsqueda de ese objetivo.

Tenemos la obligación de reaccionar, porque la corrupción es como el cáncer: penetra, se multiplica y mata.

Por eso, denunciar a los corruptos no es sólo una obligación moral: es también un acto de sobrevivencia colectiva.

Dr. Juan Manuel Casella
estudiocasella@cpacf.org.ar

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