En diarios recientes (por ejemplo, «Clarín» del domingo 17 de Noviembre, página 28) aparece el anuncio de que el gobierno nacional está elaborando un «megaplan de infraestructura» que incluiría la construcción de ocho usinas hidroeléctricas, una torre de comunicaciones en el conurbano y el desarrollo hídrico del Río Deseado.
Ese plan, que originalmente habría tenido un costo de más de quince mil millones de dólares, estaría ampliándose con tres nuevos emprendimientos que llevaría el valor total del plan a unos veinte mil millones de la misma moneda. La noticia incluye el dato de que el ministro De Vido encabezará en Diciembre una gira por China, Rusia y Japón en búsqueda de financiación a largo plazo.
Por supuesto, apoyamos todo cuanto se haga para mejorar la infraestructura energética de Argentina. Pero no aceptamos la vieja excusa «roba pero hace».
Estamos seguros que una suma tan importante (veinte mil millones de dólares) implica compromisos financieros futuros que no solo afectarán al próximo gobierno, sino también a las próximas generaciones argentinas y por lo tanto, esa inversión debe ser elaborada con alto criterio técnico y adjudicada mediante licitación pública, con absoluta transparencia.
Los antecedentes del gobierno nacional son pésimos en ese sentido. Como lo dijimos en otros artículos, el criterio predominante es el de « capitalismo de amigos», que incluye la asignación directa de obras públicas de alto costo, a hombres de negocios asociados con el poder. La aparición de una categoría de empresarios afortunados de cuño kirchnerista, es un rasgo típico de la última década y los montos que se mencionan son realmente espectaculares. Desde Lázaro Baez a Cristóbal López el rey de los juegos de azar- esa lista es perfectamente conocida por todo el mundo.-
Al mismo tiempo, no podemos olvidar que la política de subsidios que aplica el Estado nacional, tiene dimensión colosal: en materia energética, este año esos subsidios llegarán a noventa mil millones de pesos y en el área de transporte público, superarán los cien mil millones, otorgados de tal forma que es posible sospechar la existencia de retornos por sumas estrepitosas.
Una de las características de muchos de los funcionarios del gobierno nacional consiste en su vocación de enriquecerse rápidamente. Deseamos con pocas esperanzas, ciertamente- que el «megaplan de infraestructura» que anuncia el gobierno, no haya sido pensado como el último de los grandes negocios antes de abandonar el poder.
Dr. Juan Manuel Casella
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