Durante treinta y dos años viví en la ciudad de Avellaneda en donde nací y me crié en la casa de mis padres. Fallecidos ambos y estando ya casado y residiendo en otra localidad del sur bonaerense decidí vender esa propiedad a mediados del año 2001 a través de una conocida inmobiliaria de la zona.

El contrato pactaba el desembolso de una suma al contado y varias cuotas.

En medio del caos económico de fines de ese año el «comprador» rompió lo establecido abonando con pesos y patacones, dejando yo establecido que el pago era tomado «a cuenta».

Según me informó en su momento la inmobiliaria que resguardaba los pagarés firmados, el «comprador» dejó de cancelar el saldo de la deuda pasando a ser un «ocupa».

Después de exigir el cobro judicial a través de los tribunales de Lomas de Zamora y no haber obtenido que se notificara de la demanda, se pasó al juicio por desalojo, que en primera instancia resuelve algo vergonzante. El Juez no falla a favor de ninguna de las partes.

Es decir, que diez años después de haber confiado en la justicia, los encargados de administrarla (y a quienes Ud. y yo les pagamos sus haberes nada exiguos) miran y no ven, como dice una canción. Leen las declaraciones de testigos y de las partes y no emiten dictamen. Inertes, mientras pasan los años, pensando erroneamente que la paciencia de la gente puede ser eterna.

Juan Carlos Sobstyl
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