La decisión de nombrar al General César Milani como nuevo Jefe del Ejército, ha provocado críticas de distinta naturaleza.

La más importante, la de mayor repercusión en la opinión pública, está vinculada con las actividades del General Milani durante el proceso militar: se lo vincula con la desaparición de un conscripto en el Operativo Independencia y también con las presiones ejercidas sobre un ciudadano riojano y su familia, dato incluido en un informe elaborado en esa provincia.

Por otro lado, también aparece un antecedente de notoria gravedad: el Senador Morales denunció que luego del levantamiento carapintada de Villa Martelli, encabezado en 1988 por Seineldin, el entonces Oficial Milani fue sancionado con ocho días de arresto por negarse a reprimir a los insurrectos.

Desde otro punto de vista, hay una tercera crítica que apunta a su insólito e inexplicable crecimiento patrimonial, que incluso fue denunciado hace dos años por el entonces Ministro de Defensa Arturo Puricelli, que mandó investigar una repartición del Ejército en la que Milani ejercía la Sub Jefatura, encargada de compras y adquisiciones.

Pero la impugnación más importante que debe hacerse a la decisión presidencial de designar a Milani como jefe del Ejército, consiste en que sus méritos técnicos para adjudicarle esa jerarquía provienen de su desempeño en el área de Inteligencia que, durante el gobierno de Cristina Kirchner, habría estado orientada a ejercer el espionaje político interno, en violación de la prohibición expresa establecida por el último párrafo del art. 15 de la ley 23554, que dispone que las cuestiones relativas a la política interna del país no podrán en ningún caso, convertirse en hipótesis de trabajo de organismos de inteligencia militares.

Es por eso que la designación de Milani como Jefe de Estado Mayor del Ejército y su ascenso al grado superior implican un retroceso fenomenal: otra vez las Fuerzas Armadas pasan a ser factor de decisión política interna. Otra vez los organismos militares están autorizados –contra lo que dice la ley- a espiar a los argentinos. Nuestra experiencia histórica es demoledora: cada vez que un gobierno civil intentó utilizar las Fuerzas Armadas para ejercer operaciones de política interna, abrió un camino que terminó en un desastre institucional y en tragedias personales de enorme costo.

Estamos abriendo la Caja de Pandora como si no hubiésemos vivido el pasado ni lo recordáramos. El discurso presidencial, que tan a menudo utiliza los Derechos Humanos como factor de autoelogio y de definición progresista hoy incurre en una nueva y brutal contradicción, porque vuelve a instalar el poder militar como factor de decisión política, en actitud irresponsable que seguramente vamos a lamentar.

Dr. Juan Manuel Casella
estudiocasella@cpacf.org.ar