En Argentina, el principio de igualdad ante la ley se encuentra consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Vivimos en un régimen democrático, y una de sus características fundamentales, es el estado de derecho.

En el estado de derecho todos somos iguales ante la ley, los ciudadanos, incluidos los gobernantes, legisladores y jueces, están sujetos por igual a las normas que establece la Constitución de la Nación Argentina, la Carta Magna, la ley de leyes.

La Constitución garantiza los derechos y las libertades de los ciudadanos, al mismo tiempo busca poner limites a quienes gobiernan evitando el abuso de poder.

Se procura en el estado de derecho prevenir el abuso de poder y la tiranía de los poderes públicos. Las normas prevalecen sobre las decisiones arbitrarias, promoviendo un contexto de justicia y equidad, lo cual es esencial para el desarrollo de contextos políticos, sociales y económicos seguros y estables. Para lo cual es necesario un sistema de justicia independiente, objetivo e imparcial, capaz de aplicar el derecho sin ser influenciado de manera endógena y exógena, garantizando la justicia y la protección de los derechos fundamentales, a demás implica la existencia de mecanismos de control para asegurar que las acciones que se realizan por parte de quienes ejercen la función pública se encuentren dentro del marco legal respetando los derechos individuales y colectivos. De no ser así, si un funcionario público por acción, por omisión, por complicidad o por interés propio, atenta contra lo establecido por la norma, atenta contra los intereses de la ciudadanía, es susceptible de la aplicación de la norma, y su correspondiente condena, sin distinción, porque, en definitiva, todos somos iguales ante la ley.

Nuestros representantes no están por encima de la ley, sino, sujetos a las mismas.

Leandro Martínez Profesor en Ciencias Políticas