En un comunicado, se consignó que la decisión se adoptó en una reunión que encabezó el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Alberto Pérez, junto a funcionarios de los ministerios de Economía, de Infraestructura y de Gobierno; de la Secretaría Legal y Técnica, y de ARBA para abordar aspectos de la Ley de Hábitat Social.

Se precisó que durante el encuentro se trabajó para encontrar un equilibrio entre los emprendimientos productivos y las soluciones al déficit habitacional como propone el proyecto de ley.

Se informó además que se decidió modificar el proyecto de ley impositiva en tratamiento en la Legislatura, no aplicando el coeficiente de actualización de las valuaciones fiscales en el segmento del impuesto inmobiliario baldío.

“De esta manera, se pretende evitar una desmesurada carga tributaria sobre las mismas y contribuir, una vez sancionada la ley, a la creación del fondo fiduciario que financiará la erradicación y urbanización de asentamientos en la provincia”, se indicó en el comunicado.

Es que el proyecto de Hábitat Social, aprobado en la Cámara de Diputados, establece una contribución adicional del cincuenta por ciento sobre el impuesto inmobiliario de los baldíos cuya recaudación se destinará al Fondo Fiduciario Público “Sistema de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat”.

El gobierno bonaerense aclaró también que “siguiendo el espíritu del proyecto de ley, pero remarcándolo taxativamente, el Poder Ejecutivo, al momento de la reglamentación, establecerá que no se verán afectados ni violados ninguno de los derechos adquiridos, ni el derecho a la propiedad”.

“La misma reglamentación de la norma, una vez convertida en ley, también aclarará que no existe la obligación de la cesión de tierras, sino una contribución económica al municipio siempre que exista una decisión administrativa del Ejecutivo local que revalorice dichas tierras”, finalizó.