“La corrección de la situación de nuestras cuentas públicas es condición necesaria para superar la crisis, aunque en el corto plazo tenga un costo en el crecimiento”, dijo Rajoy en el pleno de la Cámara Baja al presentar las conclusiones del último Consejo Europeo, celebrado el 1 y 2 de marzo.

Sin embargo, la mayoría de los grupos opositores calificaron de “irreal” el nuevo objetivo de déficit y subrayaron que supondrá un coste “insoportable” para la sociedad española.

Uno de los diputados más duros fue el de ICV (Iniciativa per Catalunya Verds -Izquierda Plural), Joan Coscubiela, quien aseguró que “el objetivo de déficit solo se conseguirá si se destruye el Estado de Bienestar”.

Tras ceder ayer a las exigencias del Eurogrupo, que rechazó la meta del 5,8% de déficit fijada por su Ejecutivo en la reunión de Bruselas e impuso un objetivo del 5,3%, Rajoy subrayó que la nueva cifra sigue siendo “más racional y asequible” que el 4,4% comprometido por el antecesor gobierno socialista.

“Lo más grave que le pasó a España es no haber cumplido con el objetivo del 6% en 2011”, argumentó el líder del derechista Partido Popular (PP) respecto al desvío de dos puntos y medio de déficit del pasado año.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo presentó la dura derrota ante la UE como un “aval” al “principio realista y equilibrado que defendía el gobierno español”.

“Se ha reconocido la solidez de nuestros argumentos”, remarcó Rajoy, quien para cumplir con las nuevas exigencias de Bruselas se comprometió a realizar este año un ajuste total de 35.000 millones de euros.

Rebajar el déficit del 8,5% de 2011 al 5,8% en 2012 suponía un recorte de casi 30.000 millones de euros. Ahora, el nuevo objetivo impone un recorte adicional de 5.000 millones.

Tras llegar al poder, Rajoy aprobó un primer ajuste de 15.000 millones de euros –entre recorte de gasto y subida de impuestos- pero anunció que tenía previsto implementar otro equivalente en los presupuestos generales del Estado, que aún no fueron presentados.

El Ejecutivo español decidió también que el grueso del ajuste de 2012 lo tendrían que asumir los gobiernos regionales a pesar de que ya aplicaron importantes “tijeretazos” en los presupuestos de salud, educación y otros servicios sociales, lo que provocó numerosas protestas a lo largo y ancho de España.

Además, Rajoy aprobó una reforma financiera y una laboral, que facilita y abarata el despido, tal como exigían Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que tuvo como repuesta la convocatoria de una huelga general para el próximo 29 de marzo.

Los disputados opositores volvieron a expresar hoy su rechazo a la reforma laboral en el Congreso, que tramita la medida -ya en vigor por decreto-, en forma de proyecto de ley para introducir modificaciones, aunque en última instancia el derechista PP cuenta con mayoría absoluta para sacarla adelante sin consenso.

Pero ni las garantías de flexibilidad laboral ni las medidas de ajuste consiguieron revertir aún la tendencia negativa de la economía española, que afronta un nuevo período de recesión, y tampoco frenar la sangría del desempleo que afecta a 5,2 millones de personas, el 23% de la población activa.

Ante este escenario, los socios de la UE, que intentan aplacar la crisis de la zona euro imponiendo la “doctrina de austeridad”, exigieron a Rajoy un ajuste más profundo, de 5.000 millones de euros, que el presidente garantizó que saldrá de la administración central del Estado.

Aún así, advirtió que “los gobiernos regionales tendrán que hacer un esfuerzo mayor el próximo año” para cumplir con el objetivo de déficit del 3%.

Sigue abierta la incógnita sobre cómo se repartirá el ajuste más allá de que el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, sostuvo ayer que se hará con “renuncias de proyectos de gastos” y con “instrumentos fiscales equilibrados”.

“Montoro reconoció que habrá subas de impuestos, ¿cuáles son?”, preguntó a Rajoy de forma insistente el líder del opositor Partido Socialista (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, al igual que otros diputados opositores, sin obtener ninguno de ellos una respuesta clara por parte del presidente del gobierno.

Rubalcaba, que apoyó la decisión inicial de Rajoy de “flexibilizar” el objetivo de déficit ante Bruselas, le reprochó igualmente que haya actuado de forma improvisada al aceptar las imposiciones de la UE.

Tanto el PSOE como los grupos opositores de izquierda coincidieron en que un ajuste más profundo como el presentado por Rajoy estrangulará la economía y se traducirá en nuevos recortes a los servicios sociales por parte de los gobiernos regionales- en su mayoría en manos del PP- y en una mayor exclusión social.