Piden la detención de las maestras del jardín “Tribilín” de San Isidro

El fiscal de San Isidro Franco Servidio pidió la detención de dos docentes del jardin maternal “Tribilín”, acusadas de maltratos a niños de entre 45 días y 5 años que iban a ese establecimiento.

Servidio imputó a los docentes Yanina Gogonza y Noelia Gallardo del delito de “abandono de persona agravado”, mientras que ahora el juez de la causa, Rafael Sal Lari, deberá analizar y resolver la solicitud del fiscal.

La fiscalía analiza además pedir la detención de la directora del jardín, Noemí Núñez, y de una cuarta maestra que también estaría denunciada en la causa, detalló la fuente.

El delito que se les imputa a las maestras tiene una pena de dos a seis años de prisión, mientras que si se comprueba un grave daño en el cuerpo o la salud de la víctima la pena será de entre tres y diez años de prisión.

En tanto, un equipo de psicólogos comenzó hoy con las pericias a los nenes que supuestamente sufrieron maltratos por parte de las docentes.

Las pericias no se efectúan en Cámara Gesell, como se había planteado en un primer momento, sino que son entrevistas simples que se le efectúan a los niños por el Cuerpo Técnico Auxiliar del Fuero Penal juvenil de San Isidro.

La idea del fiscal al solicitar estas pericias es saber a través del testimonio de los niños o de indicios que pudieran manifestar sobre el tenor de los maltratos que recibían y si los mismos les dejaron alguna secuela física o mental.

Servidio está en una etapa de recolección de pruebas en el marco de la investigación sobre presuntos malos tratos a los que eran sometidos los nenes en el jardín de infantes Tribilín de parte, en principio, de sus dos maestras cuidadores.

La causa se inició con una denuncia del padre de unos de los nenas que concurría al Jardín, quien, ante la sospecha de que su hija era maltratado, colocó un Ipod con un grabador en su mochila, el cual registró todas las voces de las maestras.

El hombre se acercó primero al municipio y luego a la Policía, desde donde se difundieron las grabaciones que causaron indignación en el resto de los padres, quienes al principio no creían que fueran las voces de las maestras las que aparecían en los audios.

A los pocos días de haber efectuado al denuncia, el fiscal ordenó un allanamiento en el jardín, donde secuestró documentación, ficheros y computadoras, al tiempo que revisó la zona de la pileta del establecimiento.

En esa pileta, según los audios, se habrían producido los malos tratos más graves cuando las maestras insultaban a los nenes y los amenazaban y encerraban por no querer estar en la pileta.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, intentó desligar a la comuna del funcionamiento del jardín Tribilín al afirmar que no tenía registro de su existencia y que fue el propio municipio el que acompañó al padre a realizar la denuncia.

No obstante, concejales de San Isidro descubrieron que el jardín funcionaba como tal desde 1998 y que en 2002, el propio municipio lo reconoció como un “establecimiento educacional privado” del distrito, al eximirlo del pago de impuestos a cambio de becas para las familias de los niños que no pudieran abonar la cuota.

El vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, aseguró que la comuna “no podía evadir su responsabilidad ya que conocía la existencia del jardín, y que no podía tapar el sol con la mano”, a lo que la comuna respondió que carecía de poder para clausurar el jardín por motivos educativos.

María Elena Naddeo, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña, opinó que “la inexistencia de supervisión pedagógica o institucional demuestra que existen actividades privadas fuera de las normas vigentes, con serios riesgos para quienes allí concurren”.

Indicó además que “la violencia de las supuestas docentes también demuestra que los malos tratos y las acciones de violencia contra niños y niñas son parte dramática de una realidad que es necesario revisar”.

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