El titular del juzgado 15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Víctor Trionfetti, resolvió a modo de medida cautelar “ordenar al GCBA que de modo inmediato arbitre las medidas necesarias para suspender cualquier actividad que desarrolle la empresa UBER B.V. o UBER TECHNOLOGIES INC. o cualquier sociedad bajo ese nombre, razón social y tipo de actividad descripta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.

De esa manera el juez hizo lugar a un amparo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal -que conduce Omar Viviani- junto con las autoridades de la Cámara Empresaria del Autotaxi, de la Asociación Civil de Taxistas de Capital, de la Sociedad Propietarios de Automóviles con Taxímetro, y de la Unión de Propietarios de Autos Taxis.

Sin embargo, desde Uber afirmaron por la tarde que pese al fallo judicial continúan “operando con normalidad”.

“No contamos con mayor información acerca de lo que está sucediendo en los juzgados. Vamos a seguir en Buenos Aires para que la gente pueda ejercer su derecho a elegir cómo moverse por la ciudad y con el compromiso de generar oportunidades económicas para más de 35.000 argentinos de aquí a fin de año”, aseguraron desde la empresa en un mail enviado a Télam.

Entre las medidas dispuestas para sumar información a la causa, el juez Trionfetti requirió a la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que informe si Uber presentó algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros.

También solicitó información de registro de la empresa a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Secretaría de Transporte porteña para que informe si la empresa estadounidense realizó alguna presentación para actuar en el rubro de transporte de pasajeros y, en su caso, remita las correspondientes actuaciones o copia certificada de éstas.

Según afirmó por la mañana el secretario de Transporte porteño, Juan José Méndez, Uber “es ilegal” ya que “por ahora no han hecho una presentación formal ni han cumplido con ninguno de los requisitos que marca la normativa”.

“Al no haber hecho ninguna presentación, tanto por los vehículos, los conductores y por la propia empresa que da el servicio, no se estarían respetando las normas y sería una actividad ilegal”, comentó en declaraciones a radio Continental.

Méndez ratificó además que el Gobierno local estudia realizar denuncias penales por los delitos de “actividad comercial ilegal porque podría entorpecer el normal funcionamiento del transporte de la ciudad y fraude a la administración pública por usar una sociedad en el exterior para eludir los controles o las habilitaciones que se requieren para realizar el comercio en la ciudad”.

Uber comenzó a funcionar ayer por la tarde con unos 20.000 autos anotados para prestar servicio, una tarifa base de 15 pesos, una variable por kilómetro de 4,5 pesos, una variable por minuto de 1,75, y un costo mínimo o de cancelación de 25 pesos.

“Estamos muy contentos de haber llegado a Buenos Aires. Sabemos que la aplicación va a ser un éxito rotundo, como lo confirman las decenas de miles de descargas de Uber en Argentina que se dieron, incluso, antes de que el servicio estuviera disponible en el país”, reflexionó entrevistada por Télam Soledad Lago Rodríguez, Gerente de Comunicaciones de Uber para Cono Sur.

“A menos de 24 horas de iniciada la operación estamos trabajando para que todos los que quieran puedan tener un Uber disponible”, agregó, y señaló que aún no tenía datos disponibles sobre la cantidad de viajes realizados en su primer día “dado que el inicio de operaciones es muy reciente”.

Su desembarco en la Ciudad suscitó una fuerte reacción entre los distintos gremios de taxis que protestaron cortando el tránsito en varias esquinas de la Ciudad.

En esa línea, el secretario general del Sindicato de Conductores de Taxi, José Ibarra, advirtió esta mañana que si no se logra frenar el desembarco de Uber a través de la Justicia “el reclamo en la vía pública será más duro y pesado que el de ayer”.

“Nos oponemos al arribo de esta empresa en la ciudad porque pone en peligro la fuente de trabajo de miles de compañeros que sí estamos encuadrados en una normativa vigente de una actividad blanqueada y que nos sometemos a los controles de transporte público”, afirmó Ibarra.