Para los tratados internacionales de DD.HH., el Estado debe darle a la mujer el derecho a abortar

Los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución dicen que el Estado debe darle a la mujer las herramientas para garantizar su derecho a decidir sobre un aborto, afirmó hoy la danesa Mariannne Mollmann, de la organización Human Rights Watch (HRW), ante la comisión de Legislación Penal de la Cámara de diputados.

“Hay un vínculo entre el acceso al aborto y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres” y su penalización “es incompatible con los derechos humanos”, dijo la dirigente del organismo humanitario internacional.

Con la ponencia de Mollman, la comisión que preside el cordobés Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, inauguró el debate parlamentario por el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas de la gestación.

“La mujer decide sobre su cuerpo y el Estado debe darle todas las herramientas para garantizar su derecho”, afirmó Mollmann, directora del área de Derechos de las Mujeres de la organización humanitaria, ante un auditorio de legisladores y organizaciones de mujeres que colmaron el salón 1 del Anexo.

La dirigente realizó un informe para HRW sobre la situación de derechos sexuales y reproductivos en el país, en base a un estudio de campo, que recomienda al Estado la eliminación de los artículos del Código Penal que penalizan el aborto.

“Lo ocurrido hoy tiene un nivel de alto simbolismo social porque estamos abriendo un debate que estaba clausurado: se hablaba en sordina y lo hemos transparentado”, dijo el diputado Vega a Télam.
La directiva de la Comisión decidió “elegir a Mollmann como la persona más calificada en términos internacionales y por tener un trabajo de campo hecho, y no solamente posiciones tomadas”, contó.

La experiencia empírica y legal de más de una década de Mollmann, una joven mujer de unos cuarenta años, abrevó en relatos directos y relevamiento de la poca estadística oficial disponible en países como México, Perú, Irlanda y Argentina.

“Seguí debates parlamentarios en México, Estados Unidos, Brasil y Perú, todos países en los que las mujeres intentan abortos con agujas, tallos de perejil y hasta revólveres, y en los que los Estados permiten funcionar clínicas que las tratan con muy poco respeto”, se presentó Mollmann.

Las numerosas entrevistas realizadas en Argentina revelan que “la existencia de recursos permiten hacer un aborto en condiciones seguras, pero cuando el precio importa (por carencia de dinero), el mayor o menor costo depende de si es o no con antibióticos”.

“Son muchos los abortos que ya se hacen en Argentina; según datos de Salud, en 2008 más del 20% de las muertes obstétricas son abortos mal realizados, y en 2009 la mortalidad materna subió 28%, atribuible al aborto” penalizado, dijo.

“El derecho a la vida y la salud se ven restringidos por el carácter punitivo del aborto, por lo cual recomendamos que el Estado debe modificar su legislación a fin de que las mujeres no tengan que recurrir a abortos clandestinos”, planteó Mollmann.

El tema se seguirá tratando “en lo posible en febrero, antes de que comience la labor parlamentaria, y vamos a escuchar voces diferentes, muy probablemente religiosas, para luego hacer un segundo nivel de análisis, estrictamente jurídico”, explicó Vega.

El debate girará en torno del proyecto de la “Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”, por ser la iniciativa que cuenta con cincuenta firmas del oficialismo, PRO, Coalición Cívica, GEN, Proyecto Sur, Nuevo Encuentro, Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, entre otros bloques.

La campaña se conformó hace cinco años y sintetizó el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, que comparten más de 250 colectivos de mujeres.

El proyecto plantea el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras 12 semanas del proceso gestacional.

Fuera de ese plazo, es posible el aborto si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con denuncia judicial o policial o formulada en un servicio de salud; si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer y si existieran malformaciones fetales graves.

La norma propuesta establece que la interrupción voluntaria de embarazo deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud, y las obras sociales y prepagas deberán cubrirla.

La iniciativa contempla la objeción de conciencia, pero siempre una autoridad deberá “garantizar la realización de la práctica”.

El proyecto declara que “la legalización del aborto no obliga a ninguna mujer a practicarlo”, sino que todas tomarán “en libertad las decisiones que juzguen necesarias”.

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