“Las reformas del nuevo equipo económico son muy alentadoras, podrán ayudar a estabilizar la economía”, sostuvo Lagarde en una rueda de prensa al comentar las medidas adoptadas por el nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri.

En enero, el Fondo dio la bienvenida al levantamiento de restricciones al mercado cambiario, y el anuncio de las principales directrices del marco macroeconómico y la supresión parcial de los subsidios a la energía.

En concreto, Lagarde se refirió a la “transparencia” en los indicadores económicos, que puede ayudar a dar certeza sobre la situación económica en Argentina; y un punto sobre el que la institución y Buenos Aires ha sostenido fuertes encontronazos durante el gobierno previo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tras años de tensiones entre Argentina y el Fondo, se espera que en la asamblea de abril de la institución se avance hacia el restablecimiento de relaciones plenas, incluida la realización del informe de revisión anual de la economía argentina.

Asimismo, Lagarde se mostró esperanzada por la nueva ronda de conversaciones con los fondos especulativos que han tenido lugar en los últimos días en Nueva York.

“(Alcanzar un acuerdo) sería un elemento muy positivo y permitiría que Argentina regresase a los mercados internacionales, algo que ha sido un freno” al desarrollo económico, agregó la directora del Fondo.

Esta semana, el secretario de Finanzas argentino, Luis Caputo, se encuentra negociando con los fondos especulativos, que denunciaron al país en Estados Unidos por los bonos impagos de 2001.

Un fallo del juez neoyorquino Thomas Griesa a favor de los fondos que no aceptaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 mantiene congelados los pagos de Argentina a los acreedores con deuda reestructurada, a la espera de que el país regule su litigio con los fondos especulativos.

Esta situación llevó al país a ingresar en una “suspensión de pagos selectiva”, que actualmente es la principal traba para que Argentina acceda a los mercados crediticios internacionales.

Según dijo la pasada semana el Gobierno, el total de la deuda enmarcada en el juicio era inicialmente de 2.943 millones de dólares pertenecientes al cese de pagos argentino de 2001, pero al aplicarse los últimos fallos de Griesa ha pasado a ser 9.882 millones de dólares.