Ordenan que se incorporen a las familias de “La veredita” al plan de vivienda transitoria

Unas cien personas que ocupaban desde hace seis meses un sector de veredas del bajo Flores porteño, se retiraron ayer del lugar en forma pacífica tras recibir una orden judicial ante una denuncia del gobierno porteño, pero otra magistrada ordenó a la ciudad darles una vivienda transitoria.

El desalojo comenzó ayer con 60 personas y fue completado a la tarde en el asentamiento conocido como “La Veredita” situado sobre las calles Riestra entre Portela y Lafuente, linderas a un laboratorio, a un colegio católico y al polideportivo del club Argentinos Juniors.

El operativo se concretó luego de que fracasaran ayer las últimas instancias de mediación ordenadas por la jueza Claudia Alvaro entre el gobierno de la ciudad y los representantes de los ocupantes, quienes llegaron al lugar y levantaron precarias casillas el 24 de noviembre del año pasado.

A la mañana, rodeados de un fuerte dispositivo policial, un grupo de unas 60 personas aceptó dejar el lugar y ser censadas para recibir un subsidio que en principio era de entre 700 y 1200 pesos en diez cuotas, pero luego se acordó en 7000 pesos en diez veces.

Una de las ocupantes, identificada como Yanina Maza, dijo a Télam que desde la fiscalía les informaron que debían dejar el predio “porque nos pueden abrir una causa por usurpación de tierras y no entramos en los planes para el otorgamiento de viviendas”.

De esta manera, la joven, que en un principio aseguró que iban a “resistir” el desalojo, manifestó que al optar la gente por acceder al subsidio “no vamos a poder resistir solos”.

La ministra de Desarrollo Social del gobierno porteño, María Eugenia Vidal, presente en el operativo, aseguró que la ciudad “trabajó para que la gente se fuera en forma pacífica” y prometió que trabajadores sociales “ayudarán a estas personas a reubicarse en hoteles y pensiones que los acepten con chicos”.

Una vez que el primer grupo de personas aceptó irse del lugar, la jueza en lo contencioso administrativo de la ciudad Elena Liberatori hizo lugar a una acción de amparo presentada por el abogado que representa a los ocupantes y ordenó al gobierno porteño inscribir a los ocupantes en un programa vivienda transitoria.

Liberatori también dispuso el pago de una cuota única de $7.200 a los ocupantes y ordenó incluirlos “en el programa de admisión para familias en situación de calle, en la modalidad prevista en el artículo 2 del decreto 167/11”, dijo a Télam el abogado de esas familias Lisandro Teskiewicz.

La jueza ordenó además “la adopción de medidas de acompañamiento necesarias y la remoción de obstáculos a fin de que los actores puedan acceder a una solución estable y duradera en relación a una vivienda digna”.

El abogado explicó que esa medida significa que el Gobierno porteño deberá disponer de “un asistente social por familia para que las acompañe a realizar los trámites destinados a obtener la viviendas transitorias y luego el crédito para una definitiva”.

Los vecinos fueron trasladados en micros al Ministerio de Desarrollo Social porteño donde se les entregó un cheque por setecientos pesos a cada grupo familiar.

“Esta cifra corresponde a la primera de diez cuotas que los vecinos cobrarían como subsidio, que les sería entregado contra la presentación de un recibo de alquiler en el término de una semana”, dijo el abogado.

Teskiewicz confirmó que la causa abierta en el juzgado de Liberatori “mantendrá su curso a pesar del desalojo. Solicitamos lo que dice la ley 341, ingreso a un plan de vivienda, y mientras tanto la solución habitacional transitoria digna que contempla la misma ley”.

Máquinas retroexcavadoras del gobierno porteño derrumbaban ayer las casillas precarias de los vecinos y se analizaba dejar una custodia policial en el lugar para evitar nuevos asentamientos.

El desalojo de “La Veredita” había sido decidido por la jueza Claudia Alvaro el 18 de mayo pasado luego que el gobierno porteño denunciara a los vecinos por usurpación, pero sucesivas audiencias y recursos de amparo retrasaron el operativo ya que la magistrada agotó todas las instancias de negociación para evitar un desalojo violento.

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