El juez federal Luis Armella, requirió al gobierno porteño y de la provincia de Buenos Aires que presenten un plan de «patrullaje y monitoreo» de los márgenes del Riachuelo para evitar la construcción de nuevos asentamientos en los terrenos recuperados por el Estado.

Mediante una resolución de ocho carillas, el magistrado señaló que «no se puede pretender dar solución a la problemática habitacional de la cuenca en saneamiento si ante cada nueva obstaculización se deben rediseñar las acciones que en procura de ello se hallen en ejecución».

En ese sentido, el juez indicó que «la autoridad obligada junto a los Estados involucrados deberá poner en funcionamiento inmediato los resortes institucionales que poseen, y en ejercicio del poder de Policía que la ley les confiere dar respuesta a esas eventuales situaciones».

La resolución de Armella recuerda que los gobiernos tienen a su cargo a «los responsables de las fuerzas de seguridad de cada una de las jurisdicciones intervinientes, como así también previsionar una modalidad que impida concretamente nuevas obstaculizaciones de esta naturaleza».

Para lograr el objetivo propuesto el juez entiende que es necesario que se disponga un plan que «deberá contemplar especialmente la implementación de una red de patrullaje y monitoreo permanente a lo largo de toda la extensión del denominado «camino de sirga», tendiente a evitar la intromisión de nuevas construcciones precarias e informales».

El magistrado también advirtió que «el incumplimiento de la presente manda, en forma efectiva, fehaciente, concisa, acabada y pormenorizada los hará incurrir inmediatamente y sin más contemplaciones, en la responsabilidad que les correspondiere por mandatos específicos y determinados por el incumplimiento a una orden judicial».

En ese caso, el juez aclaró que los funcionarios serán «pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento, que el suscripto considere adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen».

Tal como lo dictaminó el juez federal de Quilmes, que lleva adelante la causa del saneamiento de la cuenca, unas 2.000 familias que viven al borde del Riachuelo serán reubicadas. Los damnificados deberán ser relocalizados en otras zonas con acceso a servicios básicos de vivienda y al resguardo de la contaminación.