La muerte del Fiscal Nisman domina -como es lógico- el escenario nacional. El hecho mismo de su muerte y la circunstancia de que ocurriera el día anterior al fijado para su visita al Congreso con el propósito de informar acerca del contenido de su acusación contra un grupo de altos funcionario del gobierno encabezado por la Presidenta de la República, le dio una enorme dimensión institucional y política. Además, las condiciones del hecho y las incógnitas acerca de las causas de la muerte profundizaron un estado de inquietud pública, que se mantiene desde el día mismo del suceso.
Mucha gente tiene miedo y ese sentimiento resulta comprensible si tenemos en cuenta que Nisman era el Fiscal Federal que tenía a su cargo la investigación de una de las tragedias más importantes sucedidas en el país. Contaba, por lo menos en teoría, con protección policial y la importancia de su tarea y el riesgo que conllevaba permitía presumir que era una persona súper protegida. Sin embargo, murió sin que se sepan las causas materiales del hecho, aunque puedan presumirse los motivos. Por eso, la sensación de miedo es comprensible.
Pero además, también hay otros hechos que profundizan esa sensación. Veamos:
1.- El General Milani, Jefe del Ejército, ha puesto en marcha y opera con recursos económicos y técnicos crecientes, un aparato de inteligencia destinado a la vigilancia interna, pese a que la ley prohíbe de manera específica que las Fuerzas Armadas ejecuten operaciones de espionaje interno. La falta de control, la amplitud y la financiación del aparato de espionaje interno puesto en marcha por Milani, solo es explicable a partir de la expresa autorización de la Presidenta de la República.-
2.- La misma Presidenta que autoriza a Milani a ejecutar operaciones de inteligencia interna –reitero, prohibidas por la ley- ha dispuesto que el sistema de escuchas telefónicas quede a cargo de la procuradora Gils Carbó, funcionaria que ha hecho ostentación de su subordinación al Poder Ejecutivo. Está claro que una atribución de tal importancia en manos de una funcionaria de esas características, implica una amenaza cierta para todos, que podríamos ser investigados en nuestra vida privada con el propósito de someterla a la presión oficial.
3.- Hace tiempo, y en medio del rechazo público, el Poder Ejecutivo logró la aprobación de la denominada «ley antiterrorista», que le otorga facultades claramente persecutorias. Ya se aplicó en algún caso –periodista de Santiago del Estero- y es otra atribución del gobierno que puede convertirse en una amenaza completa para la libertad de opinión.
Por ese conjunto de razones –además de la notoria inseguridad callejera- la gente tiene miedo. Una democracia no puede subsistir a partir del temor. Por eso, tenemos que hacer el esfuerzo colectivo de rechazar el miedo, movilizándonos con amplitud y permanencia en defensa de nuestro derecho a la libre opinión y a la seguridad personal y familiar.

Dr. Juan Manuel Casella
estudiocasella@cpacf.org.ar