El fin del motín fue informado a la prensa por el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, Sergio Bruni, quien dijo que este desenlace ocurrió pasadas 14, cuando los guardias que estaban cautivos fueron liberados ilesos.

En tanto, el director del Servicio Penitenciario mendocino, Sebastián Sarmiento, admitió que se “aceptaron las exigencias de los amotinados y ellos entregaron a la totalidad de los rehenes sin consecuencias”.

El motín comenzó cerca de las 17 del domingo, al finalizar la visita de familiares en el penal de Almafuerte, ubicado en la localidad precordillerana de Cacheuta, en el departamento de Luján de Cuyo, a unos 32 kilómetros al suroeste de la capital mendocina.

El penal, inaugurado en 2007, alberga a unos 800 reclusos, la mayoría de máxima peligrosidad.

Cuando los internos ingresaban al pabellón número 5, un grupo tomó de rehenes a los penitenciarios Diego Romo, Javier Morales, Rafael Bustos, Sergio Díaz, Gabriel Manrique y Gustavo Ojeda, tras lo cual taparon los visores de cámaras ubicadas en distintas lugares del edificio.

Apenas comenzó el motín, los presos pidieron la presencia de un juez, de las autoridades de Derechos Humanos de la provincia y de los medios de comunicación.

El director del penal informó ayer por la mañana en declaraciones a la radio Nihuil que no existió una tentativa de fuga, “sino básicamente una protesta sobre algunas condiciones relacionada con sus condenas”.

El vocero de los amotinados fue Fabián Cedrón (25), condenado por los asesinatos del cabo Gustavo Ramet (39) en octubre de 2009 en el departamento Las Heras y del agente Eduardo Sánchez, en 2004, en el barrio San Martín de la ciudad de Mendoza.

También participó de la revuelta carcelaria Ricardo “Pitu” González, condenado por el asesinato de la maestra jardinera Claudia Oroná, en noviembre de 2004 en Godoy Cruz.

Ante la peligrosidad de los amotinados, llegaron al lugar miembros del Grupo Especial de Operaciones Penitenciarias (GEOP) para controlar situaciones de complejidad y otros efectivos especializados de la policía mendocina.

En un primer momento la situación fue confusa, ya que no se sabía cuantos eran los amotinados, si tenían armas de fuego, cuáles eran sus exigencias y la situación de los rehenes, un panorama que se prolongó hasta las primeras horas del lunes.

Poco después se supo que eran diez los presos que participaban del motín y que los otros 28 internos del pabellón permanecían en sus celdas.

Desde anoche hasta ayer se presentaron en el penal el vicegobernador Cristian Racconto, a cargo del Poder Ejecutivo por ausencia del gobernador Celso Jaque, de visita a China, el fiscal Daniel Carniello, legisladores, ministros y funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

Tras 20 horas de amotinamiento, este mediodía el director del Servicio Penitenciario anunció la liberación de dos guardias a cambio de trasladar a dos amotinados al penal del departamento San Rafael y poco después el senador Bruni confirmó que “terminó el motín” con la liberación de los otros guardiacárceles.

El legislador agregó que a cambio “se había acordado trasladar a ocho de los presos amotinados al complejo carcelario de San Felipe”, ubicado en el sector suroeste del antiguo penal de la calle Boulogne Sur Mer de esta ciudad.

Por su parte el director del Servicio Penitenciario fundamentó la negociación de traslado de los ocho presos, considerados de alta peligrosidad, porque trataron de “resguardar al personal”.

“Nosotros no pusimos condiciones, cumplimos con las exigencia de los internos y nos entregaron los rehenes” sanos y salvo, precisó Sarmiento.

De acuerdo al informe el traslado de los presos a la cárcel de San Rafael, en el sur de la provincia, y el complejo San Felipe comenzará en las próximas horas.

Por su parte, el director del penal sanrafaelino, Ricardo Gatica, destacó que los dos presos que serán trasladados a esa unidad ya habían estado alojados allí este año “pero fueron trasladados a la capital provincial por conflictos”, “Para nosotros es muy natural el intercambio de internos, como una modalidad que es permanente porque causan conflictos y uno así los desactiva. No es algo novedoso, el conflicto es constante.

Siempre hay pedidos y reclamos porque los internos están encerrados y son muy demandantes”, dijo Gatica.

Los presos que trasladen serán alojados en pabellones comunes ya que “no existen los de extrema seguridad”.

En la cárcel de San Rafael hay 350 detenidos, de los cuales sólo 7 son mujeres y 44 son internos que están en la Colonia Penal, de menor seguridad y ya en fase de confianza.