Zin, con la defensa de los penalistas Roberto Ribas y Luis Dobnievsky, prestó ayer declaración indagatoria durante algo más de dos horas en el marco de la “megacausa” conocida como la “mafia de los medicamentos” por la que está detenido, entre otros, el sindicalista Juan José Zanola.

“Este ministerio no compró, durante mi gestión, medicamento alguno por el sistema de compras centralizadas a las droguerías que hasta el momento se encuentran involucradas en la causa”, dijo el ex funcionario ante el juez federal Norberto Oyarbide.

Zin se refirió ayer a las “concretas medidas implementadas con la específica finalidad de incrementar los controles relacionados con la adquisición de medicamentos” en el ámbito bonaerense.

También “negó toda vinculación y/o conocimiento personal con (el detenido empresario farmacéutico) Néstor Lorenzo y toda otra persona involucrada en la causa”, dijeron fuentes que participaron de la diligencia que se llevó adelante en el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Ciudad.

“(Zin) detalló los circuitos que siguen los expedientes de adquisición de medicamento en la administración del ministerio y a modo de ejemplo hizo saber que durante su gestión, de sólo dos años, firmó 30.000 expedientes (18.000 resoluciones y disposiciones y 12.000 guías de trámite)”, indicó una fuente judicial.

Respecto de las imputaciones contra Alberto Costa, ex subsecretario de Fiscalización y Control Sanitario de la provincia de Buenos Aires y el único funcionario del ministerio involucrado en la causa, sostuvo que “no ostentó nunca el cargo de viceministro de salud, según así lo
presentaran en su ocasión los medios periodísticos”.

Las fuentes indicaron que Zin, además, entregó al juzgado “un extenso escrito” y accedió a responder “todas las preguntas que quisieran formulársele” tras lo cual “brindó amplias explicaciones sobre los hechos investigados”.

La citación al ex ministro de Salud fue dispuesta por el magistrado en una nueva ronda de indagatorias que incluye al empresario Néstor Vázquez y a Enrique Dratman, en tanto el embajador en Chile, Ginés González García, fue convocado como testigo.

En estas actuaciones la semana anterior la Sala II de la Cámara Federal volvió a denegar la excarcelación de Zanola, su compañera Paula Margarita Aballay y la ex subdirectora del Policlínico Bancario Susana Griselda Fiona.

En sendas resoluciones de cinco carillas, a las que Télam tuvo acceso, los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah concluyeron que los imputados, en caso de recuperar la libertad, podrían eludir el accionar de la justicia.

En esa oportunidad los magistrados también volvieron a instar a Oyarbide para que “imprima celeridad y lleve a cabo todas las medidas tendientes a la debida dilucidación de los hechos en un tiempo
razonable”.

En tanto en la víspera Oyarbide pidió que le remitan los expedientes sobre tentativa de contrabando de cocaína a España y el homicidio del gremialista Roberto Rodríguez, para determinar si tienen puntos de conexión con la que el tramita por la venta ilegal de medicamentos.

Fuentes vinculadas a la pesquisa indicaron que el magistrado cursó sus pedidos a los jueces en lo penal económico Alejandro Catania y de instrucción Javier Ríos, a cargo de los sumarios por el envío de 944,5 de cocaína y el asesinato del sindicalista, respectivamente.

La decisión de Oyarbide coincide con dos dictámenes del fiscal federal Luis Comparatore, quien había sugerido que el juez “certificara” las causas que instruyen Catania (actualmente a cargo de Rafael Caputo) y Ríos, para ver si, como lo consignó, tienen puntos en común y pruebas
útiles para su investigación.

En la “megacuasa” en la que hay una decena y media de detenidos y más de cuarenta procesados, siguen en prisión, además de Zanola, Aballay y Fiona, el dueño de la Droguería San Javier, Néstor Lorenzo; su directivo Carlos Torres, el titular de la droguería Arcasel, Ricardo Bruno, y su pareja, Vanina Beatriz Postigo, entre otros.