Los indignados españoles salieron a las calles de Madrid para rechazar la reforma constitucional

El movimiento de los indignados volvió a las calles en Madrid para liderar el rechazo a la reforma constitucional pactada por el gobierno y el principal partido opositor y para exigir un referendo, en una jornada en la que también hubo protestas de los sindicatos en diversas ciudades.

Cerca de un millar de personas marcharon en la capital española desde Atocha hasta la plaza de Neptuno, situada a metros del Congreso de Diputados, secundando una pancarta con el lema “No a esta reforma de la Constitución. Abajo el orden de los mercados y el capital”.

Ante la protesta, en la que confluyeron simpatizantes del 15-M y de agrupaciones de izquierda, la policía había desplegado una importante operación en los alrededores de la Cámara Baja, donde hoy se votará la polémica reforma constitucional.

Los manifestantes permanecieron concentrados allí de forma pacífica durante varias horas sin que se registraran incidentes.

La reforma de la Carta Magna, que salvo sorpresas saldrá adelante con el apoyo mayoritario del socialismo gobernante y el derechista Partido Popular (PP), introduce el principio de estabilidad presupuestaria y fija un límite al déficit público en una ley posterior.

Según afirman en un documento las organizaciones sociales y de izquierdas que convocaron la marcha, la reforma “dará prioridad absoluta al pago de intereses y de la deuda frente a otras partidas presupuestarias”.

“Ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero”, corearon los manifestantes, comparando la acción del ex militar que encabezó el fallido golpe de Estado de 1981 durante la transición con el acuerdo del líder de la oposición y el presidente del gobierno español.

“Lo llaman democracia y no lo es, es una dictadura eso es”, fue otra de las consignas que se escucharon en la marcha, en la que se pidió insistentemente un referendo para que la reforma no se lleve a cabo a sus espaldas.

Entre las pancartas que llevaban los manifestantes se podían leer mensajes como “Constitucionalizan la pobreza”, “Dictaduras de los mercados, no” o “Mi Constitución la voto yo”.

“Así, así, ni un paso atrás, ante la reforma, huelga general”, cantaban los indignados, mientras los sindicatos aún no plantean esta posibilidad.

El movimiento de los indignados o 15-M, que nació de forma espontánea el pasado 15 de mayo, capitalizó el rechazo ciudadano, mientras los sindicatos se movilizaron, con menor seguimiento, en una decena de ciudades, entre ellas Santander, Sevilla, Granada, Pamplona, Málaga y Toledo.

El 6 de septiembre convocaron una gran manifestación en Madrid y Barcelona.

En este marco, los socialistas siguen negociando el respaldo a la reforma de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU), algo que resulta poco probable después de que el portavoz de esa formación, Josep Antoni Duran i Lleida, dijera que su apoyo está condicionado a que las comunidades autónomas “puedan fijar su propio límite de déficit”, algo no contemplado en el proyecto.

Los nacionalistas catalanes tampoco quieren que una ley orgánica fije el techo de déficit, como establece el proyecto de reforma del Artículo 135 de la Carta Magna.

A pesar de que la reforma se da por aprobada, se espera un duro debate en el Congreso, especialmente después del rechazo de las enmiendas presentadas por los partidos independentistas catalanes y vascos -ERC (Esquerra Republicana de Cataluña) y PNV (Partido Nacionalista Vasco)- para que reconozca el derecho a la “autodeterminación” del País Vasco y Cataluña.

Asimismo, ERC junto con Izquierda Unida (IU) y el resto de partidos de izquierda que se oponen a la modificación de la Carta Magna, tienen previsto expresar su rechazo hoy abandonando el pleno del Congreso antes de la votación, según reveló el portavoz de los independentistas catalanes, Joan Ridao, en conferencia de prensa.

El Ejecutivo, que rechaza someter la reforma a referendo, reconoció que le “hubiese gustado compartir con los ciudadanos la decisión” de modificar la Constitución, una iniciativa que tiene detractores dentro del partido socialista.

Sin embargo, “la gravedad de la situación exigía respuestas rápidas”, argumentó ayer el portavoz y ministro de Fomento, José Bono, en declaraciones a la radio Cadena Ser.

El referendo sólo podría llevarse a cabo si así lo solicitan un 10% de diputados (35) o senadores (27), pero los grupos opositores nacionalistas y de izquierdas no son suficientes.

De aprobarse la reforma, España será el primer país de la Unión Europea (UE) en adoptar en su Constitución la “regla de oro” del límite del déficit del Estado que defienden el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y la canciller alemana, Ángela Merkel, para los países de la zona euro en medio de la grave crisis de deuda soberana. Alemania ya cuenta con este límite en su Carta Magna.

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