“Es inentendible que hasta el momento el jefe de gobierno porteño no haya instrumentado la ley que contempla en lo inmediato el pago de 50.000 pesos más la suma de hasta otros 20.000 pesos por objetos muebles para los vecinos afectados por el derrumbe”, dijo a Télam el diputado Gonzalo Ruanova.

El subsidio de 50.000 pesos que deben cobrar incluso los inquilinos y el encargado del edificio “tiene el sentido de darles a los afectados una inmediata capacidad económica para poder afrontar la grave situación provocada por la pérdida de la vivienda”, explicó Ruanova.

La ley de expropiación del terreno de Bartolomé Mitre 1232 que votaron los legisladores porteños establece el pago de 1.750 dólares por metro cuadrado para cada uno de los propietarios del edificio “una medida que para concretarse lógicamente demandará más tiempo”, estimó Ruanova.

Sin embargo, “la emergencia del caso nos llevó incluir en la norma una medida a corto plazo, que este subsidio de 50.000”, que aún sigue sin ser pagado, ya que el ejecutivo porteño no instrumentó los mecanismos necesarios para la promulgación de la ley.

María del Carmen Pizzorno, propietaria del séptimo A del edificio derrumbado, dijo a Télam que “espera que se promulgue la ley para contar con algo de dinero” y que “hasta el momento lo que hemos recibido son sólo promesas”.

“Todo se dilata tanto que no se qué pensar”, dijo la mujer de 66 años, quien lamentó “no haber podido entrar a buscar la historia clínica y los remedios para su psoriasis” (enfermedad inmunológica, que se manifiesta en la piel).

Pizzorno dijo que pasó por la Fiscalía 38 para ver cuándo podrá ingresar al edificio a retirar esa documentación, aunque consideró más urgente “contar con dinero para poder afrontar todos los gastos que se presentan para armar mi nueva vida”.

“Lo único que conseguí hasta el momento fue dar mis datos y retirar un formulario de declaración jurada para llenar”, se lamentó y confirmó que desde que ocurrió el derrumbe, “sólo recibimos un solo primer monto de dinero, de 8.458 pesos”.

La Fiscalía a cargo de Betina Vota ordenó el viernes pasado a los bomberos, personal de emergencias y la policía una inspección ocular de los sectores A y B del edificio, que quedaron en pie tras el derrumbe.

Se prevé que después de esas gestiones, se permita el ingreso al edificio de las personas damnificadas para retirar pertenencias de valor, remedios y documentación.

El derrumbe del edificio, que se cobró la vida de un hombre, Isidoro Madueña, quien fue hallado muerto bajo los escombros, tras permanecer desaparecido durante cinco días, fue el de mayor importancia de la veintena de hechos similares ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos tres años.