A esta lista deben sumarse los tres empresarios que fueron denunciados en la Justicia Penal el 3 de mayo pasado.

Mariano Cascallares, presidente del IPS, precisó: “en defensa de la caja previsional de la provincia y de los trabajadores docentes, y por indicación del gobernador Daniel Scioli, recurrimos a esta herramienta que es la Ley Penal Tributaria avanzando con las denuncias contra los evasores”.

El IPS realiza desde hace un año y medio una intensa campaña de recupero de deudas previsionales. En ese momento, la evasión del sector trepaba al 52%. A partir de acciones coordinadas con las carteras de Trabajo y Educación, las federaciones de colegios y el gremio Sadop se logró reducir la morosidad al 15%. Con la Ley Penal Tributaria, se ataca el núcleo duro de los deudores.

Para ello, se viene evaluando la situación de cada establecimiento educativo con deuda previsional y hasta el momento hay 63 que encuadran para ser pasibles de una denuncia penal. Con tres ya se avanzó y ahora van por los 60 restantes. ¿La consecuencia? Sus propietarios podrían ser condenados por la Justicia a una pena de entre dos y seis años de prisión.

El Artículo 9° de la Ley Penal Tributaria dispone: “Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el empleador que no depositare total o parcialmente dentro de los diez días hábiles administrativos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes, siempre que el monto no ingresado superase los $20 mil por cada mes”.

El delito que estarían cometiendo quienes retienen aportes previsionales se denomina “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”.

En la Provincia de Buenos Aires funcionan unos 6.700 niveles educativos privados abiertos, de los cuales el 15% mantiene deuda no regularizada. En los últimos meses se regularizaron mediante diferentes vías (planes de pago o cancelación al contado) $360.243.854.

Ahora las autoridades buscan perforar el “núcleo duro” de los deudores y para ello desplegarán nuevas acciones como la aplicación de la Ley Penal Tributaria que prevé hasta penas de prisión para los propietarios que se nieguen a concretar los aportes.

Algunos ejemplos
Solamente 26 de los 60 establecimientos educativos privados a los que se está incluyendo en el proceso penal adeudan $23.347.000. La deuda global asciende a $48 millones. Los más comprometidos son el colegio “Del Solar” de Bahía Blanca (debe más de $3.800.000), el “Bernardo Houssay” que posee dos niveles en La Matanza (adeudan más de $1 millón y casi 4.500.000 respectivamente), como también el colegio “Granja William Shakerpeare” de Lomas de Zamora (tiene pagos pendientes por $1.880.000).

La Nueva Escuela de Esteban Echeverría que adeuda cerca de $2.400.000; y Santa María de Las Colinas de Mar del Plata con una deuda superior a los de $1.600.000.

Otros de los colegios que le adeudan al IPS los aportes previsionales de sus docentes son “Arrayanes” (dos niveles educativos) de Escobar, “Santa María de las Colinas del Norte” de Mar del Plata, y el “Perito Moreno” y el “Instituto Glaciar Perito Moreno” de José C Paz.

En Lomas de Zamora “Fundar Caminos” y “William Shakespeare”, en San Miguel dos niveles del “San Agustín”, y en Tres de Febrero el colegio “Alas”.

Finalmente, en el Partido de Tigre, los niveles morosos son “J.M. Estrada”, “Los Girasoles”, dos niveles de “San Lucas”, otros dos niveles del colegio “San Francisco de la Paz ”, “Esteban Echeverría” de Lomas de Zamora, el establecimiento “A Descubrir” (dos niveles) y “Justo José de Urquiza” de Tigre.