En una nota de opinión publicada hoy en el diario El Cronista, Costa manifestó su asombro al indicar que “sin embargo, ante estas iniciativas para empoderar a los consumidores, han adquirido mayor difusión las opiniones alarmadas de ciertos sectores de la actividad y se han desoído las opiniones de las cámaras que agrupan a pequeñas y medianas empresas, de los sindicatos y de las asociaciones de consumidores”.

A su criterio, “los grandes jugadores del mercado han buscado atraer la atención de la opinión pública hacia una sola de las iniciativas presentadas y volcar las opiniones en su contra”.

“Oponerse al paquete de medidas propuesto, en realidad, esconde el rechazo a un nuevo hito en el proceso de expansión de derechos de la última década”, opinó.

Costa detalló que el paquete de leyes tiene como objeto “brindarles nuevas herramientas a los consumidores para que puedan ejercer efectivamente los derechos consagrados por la Constitución”.

Asimismo, tienden a “favorecer la capacidad del Estado de arbitrar en relaciones de producción y consumo, que son, por naturaleza, desiguales”.

Por esas razones, explicó, se propone crear “un sistema más ágil de resolución de conflictos en las relaciones de consumo y se crea un nuevo fuero judicial del consumidor para atender de manera rápida y efectiva los reclamos de los usuarios y consumidores”.

Señala que “al mismo tiempo, se equipara a las empresas con los consumidores, en cuanto al orden pago-reclamo”.

“A partir de que rija la nueva legislación, las empresas deberán primero pagar sus multas y sólo después podrán reclamar ante la nueva justicia del consumidor”, indicó.

Respecto a las modificaciones propuestas para la denominada Ley de Abastecimiento (20.680), sancionada en 1974 y actualmente vigente, se busca convertirla en una nueva Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo”.

“En primer lugar, se eliminan las sanciones penales (prisión, arresto) y la posibilidad de intervención de las empresas y se restringe, racionaliza y define más claramente la aplicación de disposiciones de la ley”, expresó.

Además, recordó, “junto con la creación del Observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes y servicios, se facilita la competencia y la iniciativa privada porque se limitan las maniobras especulativas y distorsivas de los mercados que perjudican a los actores más débiles de las cadenas de valor: los consumidores, las empresas de menor tamaño y los trabajadores”.

“En definitiva -concluye Costa- las reformas dotarán al Estado de mejores herramientas para actuar ante situaciones de claro perjuicio sobre los actores más vulnerables de la economía, cuando el resto de las instancias de resolución de conflictos, -el diálogo, los acuerdos voluntarios, el consenso entre las partes, etc, hayan fracasado”.