Nicolás Camargo Lescano (Agencia CTyS-UNLaM)- Apenas 31 kilómetros separan a Paraná, Entre Ríos, de la ciudad de Santa Fe, en la provincia homónima. Ambos puntos geográficos fueron, a su vez, el punto de llegada y de partida de una Asamblea Constituyente que, a lo largo de tres meses, fue protagonista esencial del nacimiento y gestación de la reforma Constitucional de 1994, entre mayo y agosto de aquel año. Un hito que consolidaría toda una serie de derechos, daría pie a nuevos y abriría un nuevo capítulo en materia de legislación para Argentina.

“Por lejos, hablamos de la reforma constitucional más democrática, consensuada y más dialogada en la historia del país. Especialmente porque se gestó en un proceso amplio y transparente, donde absolutamente todas las fuerzas políticas del arco ideológico de ese momento participaron. Y el resultado fue una reforma que contó con pactos y consensos para que vea la luz”, resume Alejandro Bottini Bulit, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.

En ese arco ideológico estaban incluidos no solo las principales fuerzas -el peronismo, liderado por el en ese entonces Presidente de la Nación, Carlos Menem, y el radicalismo, con el exmandatario presidencial Raúl Alfonsín-, sino, también representantes del Frente Grande -luego devenido en FREPASO-, del Movimiento por la Dignidad y la Independencia (MODIN), los partidos de izquierda y el peronismo disidente, entre otras ideologías.

Para Bottini, quien además imparte clases en el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la UNLaM, esta reforma constitucional contó con aspectos claves que la diferenciaron de otras modificaciones que se habían llevado a cabo anteriormente.

“La reforma de 1994 nos preparó como país tanto para la integración latinoamericana como para la regionalización. Al mismo tiempo, se consolidó la constitucionalización de los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Eso nos puso en una posición de contar con una plataforma y con una carta de derechos que pocas constituciones en el mundo tenían”, especifica.

Los otros puntos fuertes incluyeron la posibilidad de la reelección presidencial, la introducción de la figura del jefe de Gabinete de Ministros -con el objetivo de mejorar la gestión del Poder Ejecutivo-, la inclusión de un tercer senador por cada provincia y una nueva metodología para elegir a los jueces de la Corte. Esta última, explica Bottini, “para evitar que mayorías circunstanciales de procesos políticos impongan su mayoría en las cortes y que luego esto sea perjudicial para la garantía de derechos”.

En una mirada de balance, ya con 30 años de recorrido, Bottini apunta que, si bien el consenso y la cantidad de actores políticos y sociales implicados le dio a la nueva Constitución Nacional un “carácter de avanzada”, también hubo mecanismos que “no terminaron de plasmarse como se había pensado en la teoría”.

“Por ejemplo, la coparticipación federal de impuestos exige un mecanismo tan pulcro y perfecto, según se especifica en el artículo 75 inciso 2 -ejemplifica el investigador-, ya que exige un acuerdo entre gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad y el Presidente y, luego, la aprobación en el Congreso y cada una de las legislaturas provinciales. Ese nuevo pacto fiscal federal se hace, en la práctica, de muy difícil cumplimiento, por el nivel de unanimidad que se requiere.

Un poco de historia

Ya desde el restablecimiento de la democracia, en 1983, empezó a gestarse un clima para buscar modificar la Constitución Nacional. La última reforma había sido en 1957 y fue con esta versión que se llamó al sufragio que terminaría dejando a Alfonsín en el sillón de Rivadavia. “En aquel momento se dejó sin efecto lo que se denomina modificación Lanusse, un aspecto absolutamente de facto y con la cual se habían regido las elecciones de 1973”, explica Bottini.

Había, entonces, un ánimo reformador en la primavera democrática, desde el sector radical. “Alfonsín, de hecho, crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia, presidida por el reconocido jurista Carlos Nino e integrado por varias figuras de lo que en ese momento se consideraba un amplio arco representativo”, apunta el especialista.

Bottini, a su vez, recuerda que también había una fuerte historia reformista también desde el lado del peronismo, con la reforma de 1949 como uno de los legados constitucionales del primer mandato de Juan Domingo Perón. “En este sector también existía, para los años 80, una idea reformadora que luego se va a plasmar, a partir de la renovación peronista, con la comisión de juristas justicialistas”.

Ese contexto llevó a una creciente interlocución entre Alfonsín y Antonio Cafiero primero y a la que se sumó luego Menem y luego de que éste ganara la interna justicialista, para efectuar la reforma de la Constitución Nacional. “Desde luego, el Pacto de Olivos fue, sin duda, un momento muy importante, pero no se puede desconocer toda la serie de acciones previas”, explica el docente de la UNLaM.