Breitenstein explicó que “este tipo de acciones además de asegurar que los productos se encuadren en las normas de seguridad, están destinadas a proteger los intereses de los consumidores” al tiempo que agregó que “el Estado debe brindar todas las herramientas para defenderlos de prácticas abusivas”.

Los operativos, que se realizarán hasta el 6 de enero, mediante la dirección Provincial de Comercio, están orientados a controlar la existencia del Sello de Seguridad en los juguetes -obligatorio según las Resoluciones Nacionales N° 799/99 y N° 197/04- que acredita el cumplimiento de los requisitos de seguridad en los productos, y que debe estar acompañado por el logotipo o el número del organismo que realizó la certificación.

También se inspecciona que los juguetes posean el rotulado que indica si entre sus componentes de fabricación contiene ftalatos -una sustancia química peligrosa para el consumo humano- y que cumplan con las normativas vigentes para su uso según la edad.

Con respecto a los productos que integran la canasta Navideña, se verifica que los comercios exhiban los precios de manera obligatoria, y las diferencias entre el precio en góndola y el cobrado en la caja, de acuerdo a la Resolución Reglamentaria 7/2002 de la Ley Nacional 22802 de Lealtad Comercial, que garantiza el derecho de los consumidores a recibir plena información sobre los precios de bienes y servicios que se ofrecen a la venta.

Orientación al Consumidor

En tanto, el Ministerio informa que durante 2012, la línea 0800-222-9042 de Orientación al Consumidor, recibió más de 54 mil consultas referidas a distintos inconvenientes en la prestación de servicios (facturación y cobros indebidos y dificultad para dar la baja) y compras de bienes (no reconocimiento de garantías, deficiencia en el servicio técnico y la entrega de bienes defectuosos, entre otros).

También se percibieron cerca de 6 millones y medio de pesos por multas, que se aplicaron por violación a las Leyes de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor, y se retiró mercadería de la comercialización, por un valor superior a los 500 mil pesos, al no cumplir con las condiciones necesarias para la venta.