La medida fue adoptada por el titular del juzgado de Familia 8 de Lomas de Zamora, Carlos Alberto Dupont, quien falló la medida cautelar en favor del usuario Víctor Daniel Vallejos hasta tanto la Justicia Federal se expida sobre la situación de fondo.

La resolución es la primera que se conoce en el país para el caso de los aumentos del servicio de agua -hay varias sentencias por los incrementos de gas y electricidad-, aunque el caso alcanza sólo al particular demandante y no se hace extensivo a otros usuarios en similar situación.

El incremento del servicio de agua potable y cloaca que presta Aysa está vigente desde el 1 de abril y alcanza a algo más de tres millones de usuarios que residen en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

En la resolución a la que tuvo acceso Télam, el juez Dupont dispuso “decretar como medida cautelar la suspensión del aumento tarifario dispuesto en la Resolución 62/216 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda respecto del usuario” que presentó la demanda.

La vigencia de esta cautelar se mantendrá en firme “hasta tanto el magistrado federal de primera instancia se expida sobre la cuestión de fondo planteada”, es decir si corresponde o no la aplicación del nuevo cuadro tarifario.

Para cumplir con la medida, el juez ordenó a Aysa “suspender la factura emitida el 21 de mayo y asimismo se reestablezca la misma conforme al cuadro tarifario previo a los aumentos dispuestos por la Resolución 62″.

En el mismo escrito, el magistrado declinó la competencia en el caso al entender que la presentación es propia de la jurisdicción federal, lo que no le impidió el dictado de la medida cautelar tal como la legislación le permite a todos los juzgados conformados en cualquier parte del territorio nacional y de todos los fuero.

El abogado patrocinante de la causa, Facundo Ferro, explicó a Télam que el recurso de Vallejos surge a partir de “un incremento de tarifas muy considerable en el servicio de agua que discrimina a este usuario y a la mayoría de la población al no permitirle el acceso a un derecho humano cono la utilización de un bien público básico y esencial.”

En su planteo, el letrado consideró que “al igual que en el caso de los incrementos tarifarios de la electricidad y el gas, el nuevo cuadro tarifario del agua no contó con su respectiva audiencia pública” y que “la magnitud de los incrementos está violando de modo flagrante y manifiesto los derechos humanos de Vallejos”.

Ferro anticipó que interpondrá en los próximos días un recurso similar en acción conjunta ante el mismo juzgado en representación de cientos de usuarios que se sienten damnificados por el incremento del agua.

La tarifa del servicio de agua potable y cloaca registró a partir del primero de abril un ajuste de hasta 375 por ciento en el área de provisión de la empresa estatal Agua y Saneamiento Sociedad Anónima (AYSA), el primer incremento tras más de 10 años de congelamiento.

La decisión, dispuesta por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, tenía como objetivo rescatar a la empresa de la situación deficitaria en la que se encuentra y permitir que todos los recursos del Estado Nacional se inviertan en expandir los servicios y en llevarle agua potable y cloacas a quienes aún carecen de ellos.

La empresa de servicios precisó, por entonces, que el aumento mínimo sería de alrededor del 217 por ciento y el máximo se ubicará en torno al 375 por ciento, lo que dará un incremento promedio del 297 por ciento.

De acuerdo al nuevo cuadro tarifario implementado por Aysa, se preveía que una familia tipo pague, en promedio, 125 pesos por mes y por servicio (agua y cloaca), lo que hace un total de 500 pesos por bimestre.

La resolución de la Subsecretaría de Recursos Hídricos contemplaba también la implementación de un esquema de subsidios focalizados para los sectores más vulnerables.