La Corte Suprema aceptó tratar el recurso contra la suspensión de la ley de Comunicación Audiovisual

La Corte Suprema aceptó tramitar el «recurso extraordinario» presentado por el Procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, contra la medida cautelar de la justicia mendocina que suspendió la aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En su reunión de acuerdo celebrado ayer los ministros del Máximo Tribunal, por unanimidad, dieron curso favorable a la tramitación del planteo del gobierno y lo remitieron al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, para que emita su dictamen.

«La Corte decidió darle trámite (al recurso) sin entrar en la cuestión de fondo», dijo una fuente vinculada al expediente, que añadió que el Tribunal trató el asunto porque «el Estado Nacional invocó una cuestión de gravedad institucional».

El informante explicó que luego del dictamen del Procurador «la Corte decidirá si mantiene o revoca la medida cautelar» dictada por la justicia mendocina que suspende la aplicación de la ley 25.622.

La resolución de requerir la opinión de Righi, contenida en unas pocas líneas, se tomó en el marco de un acuerdo que fue seguido con gran expectativa por diversas organizaciones que se mostraron a favor de la ley y cuestionaron las medidas cautelares dictadas por algunos jueces que suspendieron los efectos de esa norma.

En ese sentido se expresó la Coalición por una Radiodifusión Democrática que protagonizó una «vigilia» durante la cual el presidente del Consejo Federal de Radiodifusión, Néstor Buzzo calificó como «absurda» la medida cautelar que suspende la aplicación de la ley 26.522 y expresó su expectativa y confianza en que la Corte resuelva rápidamente la cuestión.

Buzzo afirmó que, en la elaboración de la norma cuestionada por algunos jueces, «se respetaron todas las instancias constitucionales» y recordó que la ley «tuvo cuatro dictámenes de la oposición» y que el proyecto finalmente sancionado por el Congreso Nacional tuvo más de cien modificaciones.

La aplicación de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada por el Congreso en octubre pasado, se encuentra suspendida por una medida cautelar la jueza federal de Mendoza Olga Pura de Arrabal, confirmada por la Cámara Federal de esa provincia.

Contra ese fallo dictado en una causa iniciada por denuncia del diputado mendocino Enrique Thomas, del peronismo federal, el Procurador General del Tesoro interpuso un recurso extraordinario cuya procedencia admitió la Corte Suprema de Justicia.

Da Rocha sostuvo que la ley «fue correctamente gestionada, sancionada y promulgada» y confió que la Corte Suprema «anulará la medida cautelar» dictada por Arrabal, dejando en firme la aplicación de la ley aunque luego deba resolver sobre otros artículos objetados.

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