Por primera vez en la historia, la justicia condenó a ex empresarios de una multinacional como Ford, acusados de ser cómplices del secuestro y tortura de varios obreros. En ese fallo inédito, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín terminó condenando al ex jefe de la Manufactura de la planta, Héctor Sibilla y también a Santiago Riveros, extitular de Institutos Militares del Ejército.

Las penas fueron de 10 y 12 años, cuando la querella pedía más de 25. De todas formas, significó un antes y un después en las condenas relacionadas a las causas de lesa humanidad, ocurridas en la última dictadura militar.

El fallo demostró la participación de civiles y empresarios en el secuestro y tortura de 24 obreros de la planta de Ford en General Pacheco, lo cual la ubicó como otro Centro Clandestino de Detención y Tortura que funcionó en la dictadura cívico-militar.

Los mimos permanecieron entre 30 y 60 días desaparecidos en el interior de la empresa. Luego fueron “blanqueados” y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

“Nos levantaron en camionetas de la empresa y nos torturaron adentro del predio de la fábrica”, dijo para la Agencia Paco Urondo, Pedro Troiano, obrero detenido en 1976.

En la causa, que llevó varios años trabada, faltaron las condenas a Nicolás Courard, ex presidente de Ford en Argentina y de Guillermo Galarraga, ex gerente de relaciones laborales. Ambos murieron antes de recibir una pena.

“El 7% de los civiles acusados por delitos de lesa humanidad son empresarios. La dictadura fue la oportunidad que vieron algunos directivos de empresas para resolver de manera represiva los conflictos laborales y aumentar sus ganancias.Pusieron a disposición de los militares recursos materiales, como autos e instalaciones, dieron listas de personas, y de esa forma pasaron a ser un eslabón más en la estructura del terrorismo de Estado”, expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).