En su pronunciamiento, el magistrado elevó además un pedido de permiso para tomar la decisión al Tribunal de Apelaciones de Nueva York, su instancia superior.

En un documento de 323 páginas, Griesa argumentó que “la República (Argentina) y un número de demandantes piden al tribunal que levante las restricciones”, ya que “ellos argumentan que el efecto de la continuidad de su vigencia ya no es más equitativo”.

A lo que luego agregó que “El tribunal está de acuerdo” con este pedido.

Griesa ahora considera el bloqueo a los pagos del país como “en detrimento del interés público”, debido “al cambio de circunstancias” generado en los últimos meses a partir del cambio de administración en Argentina y la decisión del nuevo gobierno de llevar negociaciones efectivas en el marco de la mediación de Daniel Pollack.

En base a esto, Griesa concluyó que “dejaría sin efecto las restricciones bajo la ocurrencias de dos condiciones que deben ocurrir de maneras previa”.

Para el magistrado, esas dos condiciones son: “que la República quite todos los obstáculos legislativos para alcanzar el acuerdo con los bonistas -(bajo ley de EEUU, FFA)- incluyendo la Ley Cerrojo y de Pago Soberano”, y que la Argentina “debe pagar de manera plena según los términos específicos de cada acuerdo” con los holdouts que hayan acordado hasta el 29 de febrero de 2016.

Por último, Griesa solicitó permiso a la Corte de Apelaciones de Nueva York para proceder a ejecutar la orden en caso de que Argentina cumpla con los dos requisitos.

“Si el Tribunal de Apelaciones permite que este Tribunal le conceda a la República su petición de nulidad, las restricciones serán levantadas de forma automática una vez que sean cumplidas estas dos condiciones”, concluyó Griesa.