La organización ambientalista señaló en un comunicado, como un total fracaso de la administración de Mauricio Macri no haber cumplido con la primera meta de reducción del 30% de la basura desechada en rellenos, establecida por la Ley para diciembre de 2010.

A partir de las estadísticas publicadas por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) Greenpeace llamó la atención una vez más sobre el incesante incremento de la basura enviada desde la Ciudad al conurbano y la falta de cumplimiento de la Ley de Basura Cero (1). De acuerdo a la normativa vigente, el año pasado la Ciudad debió enviar a los rellenos de la CEAMSE 1.048.000 toneladas de residuos y por el contrario envió más del doble, alcanzando 2.110.122 toneladas.

“Lo más grave de haber alcanzado esta cifra es que la Ciudad cuenta desde 2005 con la Ley de Basura Cero que establece la reducción progresiva de los residuos enviados a entierro, pero es sistemáticamente incumplida. Los incrementos interanuales de la basura enterrada desde que asumió la administración de Mauricio Macri son los más altos de los últimos 10 años”, señaló Lorena Pujó, coordinadora de la campaña de Basura Cero de Greenpeace.

Los años 2008, 2009 y 2010 fueron los peores de la década; en ellos se alcanzaron cifras récord de enterramiento de residuos. En 2008 se enviaron a relleno 1.844.018 toneladas, en 2009 1.847.748 y en 2010 se pasó el techo histórico de las 2 millones de toneladas. Hoy la Ciudad envía al conurbano 5.781 toneladas diarias, un 14% más que en 2009 y un 50% más de lo que debería.

“El gobierno de la Ciudad no ha trabajado para que la reducción de residuos enviados a rellenos sea posible; se desmanteló el incipiente sistema de contenedores diferenciados iniciado en 2007; se descontinuó el servicio de recolección diferenciada; no se avanzó nunca en materia de concientización y educación sobre reciclado, entre otras cosas”, señaló María Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace: “Es necesario que se cumpla con la Ley y no se busquen atajos al reciclado con falsas soluciones como la incineración de residuos en cualquiera de sus formas, porque lo que está en juego es la salud de la gente que debe sufrir la contaminación generada por los rellenos y las plantas incineradoras. Esta cifra alarmante debe hacer que las autoridades de la Ciudad cumplan de una vez por todas con la Ley”, agregó.

La Ley de Basura Cero, aprobada por unanimidad en la Legislatura porteña en el año 2005, establece un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos: 30% para el 2010, un 50% para el 2012 y un 75% para el 2017, tomando como base los niveles enviados a la CEAMSE durante el año 2004.

“Cuando en el año 2004 se comenzó a trabajar en el proyecto de Basura Cero se pronosticaba un futuro crítico para Buenos Aires en materia de generación y gestión de residuos en caso de no revertir la tendencia incesante de incremento de la basura enviada a rellenos. Con el objetivo de intervenir adecuadamente en aquella realidad y evitar un final anunciado se aprobó la Ley en 2005. El incumplimiento sistemático e intencional de la Ley de Basura Cero ha alejado a la Ciudad de las metas de reducción progresiva de residuos lo que hace que hoy Buenos Aires se encuentre en una situación sumamente crítica”, concluyó Testa.

Los residuos urbanos que son depositados en los rellenos del conurbano contienen una variedad de sustancias químicas que incluye metales pesados, una enorme cantidad de compuestos orgánicos como detergentes, solventes y contenidos de plástico como cloruro de vinilo, polietileno y formaldehído, entre otros.

Al descomponerse los residuos se liberan líquidos lixiviados (líquidos que se filtran de la basura y contaminan las napas subterráneas) y gases que son altamente tóxicos para las comunidades vecinas. Los líquidos arrastran partículas de residuos y disuelven metales que son vertidos en el suelo y llegan así a los cursos de agua (2).

Estudios realizados (3) sobre muestras de lixiviados demostraron la presencia de mercurio, plomo, cromo, zinc y PCB en cantidades que superan los límites permitidos para vertidos en cursos de agua. Estos elementos pueden provocar daños renales, malformaciones congénitas, abortos prematuros, afecciones en la piel, cáncer y alteraciones hormonales, entre otras enfermedades.