La Provincia puso en marcha ayer en Avellaneda un refugio para asistir a víctimas de Trata de Personas, luego de la firma de un convenio suscripto por el Ministro de Justicia Ricardo Casal, el Obispo de Avellaneda-Lanús, Monseñor Rubén Frassia y la ONG Tiempo de Crecer, dependiente del Obispado local.

El refugio – por razones de seguridad, no se difunde el domicilio – tendrá capacidad para alojar a diez personas y estará abiertos las 24 horas, los 365 días del año. En cada albergue “habrá operadores capacitados por el Centro de Protección a la Víctima que depende de mi área, que será también el ente encargado de dar asistencia y protección a las personas alojadas”, señaló la subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Cecilia La Ruffa.

 
La funcionaria aclaró, además, que “el refugio es la última opción” porque “lo ideal es que las víctimas puedan retornar a sus entornos personales propios, salvo que no los tengan o esté en peligro su seguridad”.

 
El reglamento de estos refugios – funciona uno más en Mercedes – indica que las personas no podrán estar más de tres meses, con la posibilidad de extender su estadía otros tres meses mientras reciben contención y se las empodera para que tengan la autonomía que perdieron mientras estuvieron en situación de trata. Además, el protocolo para los refugios establece que no podrán estar alojadas mujeres sobrevivientes de trata con fines de explotación sexual junto a otras víctimas y mucho menos con hombres, pero sí tendrán la posibilidad, dado el caso, de ser alojadas con sus hijos o hijas.
Quienes decidan optar por el refugio recibirán, por parte del Centro de Protección a la Víctima acompañamiento terapéutico, seguro laboral que otorga el Ministerio de Trabajo de Nación para sobrevivientes de trata y el ingreso al programa “Ellas Hacen” del Ministerio de Desarrollo Social para ir generando otra opción de vida.

 
Las ONGs recibirán a las personas rescatadas y se encargarán de la administración del lugar, en tanto el Estado provincial “realizará un pago mensual a la organización y los honorarios del personal”, agregó Cecilia La Ruffa.

 
Además, para ampliar las posibilidades de reinserción, el gobierno bonaerense envió a la Legislatura un proyecto para que empleadores que contraten a quienes hayan sido víctimas de trata, puedan acceder al beneficio de imputar el 50 por ciento de las remuneraciones que perciban esas personas como pago a cuenta del impuesto a los Ingresos Brutos.

 
La Trata de Personas es un flagelo de una dimensión realmente preocupante. Sólo en el pasado mes de octubre, 193 víctimas de trata de personas fueron rescatadas por el Estado a través de diferentes operativos.
Según un informe del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, este año fueron liberadas, en promedio, más de cinco personas por día, que eran sometidas a distintas formas de esclavitud. El organismo, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consignó en un comunicado que, desde abril de 2008, cuando se sancionó la Ley para la Prevención de la Trata de Personas, fueron liberadas 7.576 víctimas.

 
Los datos globales del relevamiento detallaron que, de ese total, un 51 por ciento era víctima de explotación laboral, mientras que el 49 por ciento era sometido a explotación sexual. En su mayoría, las víctimas eran mayores de edad – un 89%-, en tanto, 54% era de nacionalidad extranjera.