En la audiencia, que comenzó de manera puntual a las 10 hora local (las 11 en Argentina) y que se extendió por espacio de 60 minutos, los magistrados que integran el máximo tribunal estadounidense indagaron de manera incisiva a cada uno de los expositores -tanto a los letrados del lado argentino como al de los holdouts-, en la que manifestaron un interés particular en acotar el “alcance” de la solicitud formulada por la demanda.

En base a la documentación presentada por las partes y las exposiciones realizadas durante la fecha, la Corte Suprema de EEUU podría dar a conocer su resolución antes de que finalice junio próximo.

Durante la audiencia, el eje de discusión fue el fallo emitido por los tribunales de Nueva York en el que avalaron el pedido del fondo buitre NML Capital de obtener información de activos de un Estado extranjero.

Argentina estuvo representada por el abogado Jonathan Blackman, del estudio Cleary & Gottlieb, y contó con el apoyo del procurador general adjunto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Edwin Kneedler, quien explicitó la posición de la Administración Obama en torno al tema.

Primero en la lista de expositores, Blackman defendió la posición de Argentina respecto de que el juez de Nueva York, Thomas Griesa, violó la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos (FSIA, sus siglas en inglés), al dar lugar al pedido de información de los fondos buitre relativa a bienes de Argentina en el país del Norte y en el mundo.

Blackman, tras utilizar alrededor de 20 minutos del total de 30 que le correspondía, cedió la palabra al procurador general adjunto del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Edwin Kneedler, quien -en apoyo a lo planteado por Argentina- volvió a pronunciarse en contra de la interpretación hecha por los tribunales de Nueva York sobre la ley FSIA, respecto de la inmunidad soberana.

Kneedler manifestó en ese sentido que la legislación establece que la aplicación del “discovery” en Estados soberanos extranjeros debe ser limitada a activos que estén en territorio estadounidense con un fin comercial e hizo hincapié en la “preocupación” de su administración ante el principio de reciprocidad que pueda aplicarse a los Estados Unidos, en caso de que la Corte ratifique la posición de los tribunales inferiores.

El procurador general adjunto, quien tiempo atrás ingresó en la historia norteamericana por ser uno de los diez abogados que presentaron cien casos ante la Corte Suprema, informó a la Corte que el gobierno estadounidense recibió también manifestaciones de “preocupación” por parte de otros Estados ante las consecuencias que el caso podría ocasionar a nivel global.

La hora de sesión contó con la participación de los nueve jueces que componen el máximo tribunal, quienes desde el comienzo lanzaron contínuas e incisivas preguntas refutando por igual las presentaciones de los oradores que debieron atender, rápido de reflejos, a cada una de ellas.

Entre ellos estuvo el representante de los fondos buitre, Theodor Olson, quien en sus treinta minutos de presentación buscó defender el pedido de “discovery” formulado por NML Capital, para que el Banco de la Nación Argentina y el Bank of América de Nueva York, entre muchas otras entidades, informen sobre la propiedad o activos de Argentina en todo el mundo.

Ante este planteo, varias de las preguntas de los jueces del máximo tribunal coincidieron en mostrar un interés particular en el “alcance” de la solicitud, extendida a su vez al acceso a información sobre activos militares, diplomáticos y consulares de otros Estados soberanos extranjeros.

El interés de la Corte Suprema de tomar el caso por su implicancia en el ámbito internacional, quedó también reflejado en una de las intervenciones del presidente del tribunal, John Roberts, quien interrumpió a Olson para calificar de “irrelevante” el contexto particular que estaba siendo presentado y reorientó la presentación a la interpretación y aplicación del “discovery” en general.

La acción de Roberts responde a que la decisión que adopte la Corte Suprema sobre este caso, tendrá un impacto y aplicación a todas las situaciones que surjan relacionadas con el “discovery” y no sólo a un país en especial.

El caso sobre el “discovery mundial” conforma una parte del litigio que Argentina mantiene con el 7% de los tenedores de bonos que optaron por no ingresar a los dos canjes de dueda de 2005 y 2010.

La principal disputa con los holdouts, desarrollada de forma paralela a este caso, está radicada en la interpretación dada por las cortes de Nueva York a la cláusula pari passu (tratamiento igualitario).