A través del Boletín Oficial de hoy se dio a conocer una resolución, la Nº 511/2013 firmada el pasado 6 de junio por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, en la que se establece un régimen de sanción y penalidades ante eventuales faltas que puedan cometer las operadoras ferroviarias UGOFE (Roca, San Martín y Belgrano Sur) y UGOMS (Mitre y Sarmiento).

El nuevo régimen prevé que ante eventuales faltas, el Gobierno Nacional le descontará de su retribución un porcentaje determinado que irá en cada ítem desde el 4,5% al 25% del canon que actualmente reciben las empresas por operar el servicio.

Si se le aplican las sanciones máximas en todos los ítems previstos, el Estado podría descontar el 100% mensual de lo que perciben los privados.

Las denuncias podrán iniciarlas los propios usuarios ante la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, que será la responsable de elaborar las actas e informes, analizarlos y notificar a las Operadoras de los incumplimientos; de persistir estos y agotada esta vía; la CNRT elevará un informe a la Secretaría de Transporte quien resolverá las sanciones correspondientes.

La resolución prevé que por “trenes cancelados y/o suspendidos” o por impuntualidad en los servicios programados” se pueden aplicar sanciones de hasta el 7,5% del canon que reciben las empresas.

También prevé sanciones del 5% del canon “por falta de limpieza y conservación de Estaciones, zona de vía y material rodante”; y de 16% por “falta de mantenimiento y seguridad de vía” y “señalamiento y comunicaciones”.

El tope de las sanciones alcanza el 25% de retención del canon en caso de “falta de mantenimiento del material rodante”.

En tanto, por “falta de energía eléctrica” se aplicará un 8% y en caso de incumplir “intimaciones en tiempo y forma”, las sanciones serán del 4,5%.

El porcentaje que periódicamente surgiese por aplicación de sanciones le será detraído a la correspondiente Operadora de su próxima retribución mensual; y la gravedad de las faltas o el cúmulo de sanciones aplicadas sin haber modificado su conducta, autoriza a la autoridad competente a la aplicación de la máxima sanción, es decir, la rescisión del Acuerdo de Gerenciamiento u Operación correspondiente.