Fuentes judiciales y policiales informaron hoy a Télam que por el caso el padre y el hermano de la víctima fueron detenidos como supuestos autores del crimen, aparentemente por cuestiones de dinero, y también quedaron presos dos policías y el dueño de una cochería.

El caso tiene similitudes con el crimen de la socióloga María Marta García Belsunce, cuyos familiares están condenados por el homicidio y el encubrimiento del hecho, y en ambos casos hay un médico involucrado y la tramitación de un certificado de defunción falso.

Todo comenzó el miércoles pasado, cuando el padre y el hermano de Gustavo Alberto Heredia (38), todos dueños de un salón de juegos infantiles y de una panadería, se presentaron en una cochería de San Justo alrededor de las 4 de la madrugada y pidieron contratar un servicio fúnebre.

Heredia padre, de 77 años, dijo que su hijo se había golpeado cuando se estaba duchando y le pidió al dueño de la casa de sepelios un “servicio rápido” y que no diera intervención a la Policía porque no quería que “cortaran” a su hijo, aseguró uno de los voceros.

Luego de una larga discusión, el dueño de la cochería sospechó que algo raro ocurría y echó a los familiares, que dijeron que se iban a llevar a “Gustavo” a otra casa de sepelios de Casanova, la de “Marcelo”.

Con esos datos, el comerciante avisó a la Policía, que a su vez dio intervención al fiscal de Homicidios de La Matanza, José Luis Marotto.

Marotto y un grupo de policías se presentaron entonces en la cochería “Nuestra Señora del Valle”, ubicada en Balbastro 5260, de Casanova, donde fueron atendidos por su propietario, que se identificó como Marcelo Regalado.

El dueño dijo que había aceptado hacer el servicio de Heredia, pero como no tenía lugar allí, el velatorio se estaba realizando en la cochería “San Cayetano”, de ruta 3 y Pekín, en la misma localidad.

La comitiva concurrió al lugar y tras explicar a los familiares lo ocurrido, el fiscal suspendió el velatorio y a simple vista, los médicos forenses pudieron apreciar que el hombre tenía un golpe en la cabeza y había gran cantidad de sangre dentro del cajón, por lo que el fiscal ordenó el traslado del féretro a la morgue.

En forma paralela, se allanó la casa de la víctima, situada en Mocoretá 3754, donde en la planta alta se encontraron manchas de sangre, en tanto que el baño se ubicaba en la parte de abajo y estaba completamente limpio.

Las fuentes relataron que los forenses revisaron toda la vivienda en busca de algún arma de fuego, pero no hallaron ninguna.

Realizada la autopsia, el jueves último, se determinó que Heredia tenía un balazo que le había ingresado por el brazo izquierdo y le había perforado el pulmón, el corazón y el hígado y que un proyectil calibre 22 había quedado alojado allí.

Con esas pruebas, el fiscal dispuso seis aprehensiones: las del padre y el hermano de la víctima como coautores de “homicidio agravado por el vínculo”; de Regalado, dueño de la cochería; de dos policías de la comisaría de San Alberto, y de un médico policial que figuraba firmando el certificado de defunción.

Es que al avanzar en la pesquisa, el fiscal descubrió que aparentemente alguien de la familia había llamado a la comisaría de San Alberto al ver al hombre muerto y dos suboficiales concurrieron hasta allí para ver qué había ocurrido.

Los policías llamaron a un médico de la fuerza, quien al parecer les dijo que se trataba de una “muerte natural” y no “violenta”, por lo que los primeros se retiraron y el profesional firmó el certificado de defunción.

“La familia nunca dijo que tenía una herida de bala, dijeron que estaba tirado y nada más. Y el médico sólo habló de muerte natural, por eso los policías se fueron. No tienen nada que ver con esto”, dijo a Télam Miguel Angel Racanelli, defensor de los suboficiales implicados.

Racanelli pidió la libertad de ambos, pero le fue denegada, en tanto que el único que fue excarcelado es el médico que aparece firmando el certificado, ya que según fuentes judiciales se determinó que su firma había sido falsificada.

También está preso Regalado, por aceptar realizar el sepelio a sabiendas de que se había tratado de una “muerte violenta”, y a los cuatro se les imputa “encubrimiento agravado”.