Está listo el código contravencional bonaerense
El proyecto que prevé sanciones para el merodeo, la vagancia o la ebriedad será enviado a la Legislatura en los próximos días. El gobernador Scioli pretende aplicarlo antes de fin de año. Hay críticas y rechazos a la iniciativa.
El gobierno bonaerense ultimó detalles del proyecto de reforma contravencional, que será enviado a la Legislatura bonaerense en los próximos días. La iniciativa prevé instaurar en la Provincia un régimen de contravenciones por el que se penará con arresto a figuras como el merodeo, la vagancia o la ebriedad. Además, el proyecto contempla sanciones contra piqueteros, trapitos y limpiavidrios.
El jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, se reunió el lunes último con los ministros Ricardo Casal (Justicia), Carlos Stornelli (Seguridad), Baldomero Alvarez de Olivera (Desarrollo Social), Eduardo Camaño (Gobierno), la secretaria de Derechos Humanos, Sara Dorotier de Cobacho, y colaboradores. Durante la jornada de trabajo definieron el texto final del proyecto de ley del Código Contravencional.
A pesar de que el gobernador Daniel Scioli había anunciado que la iniciativa sería presentada luego del recambio legislativo del 10 de diciembre, el envío a la Legislatura podría anticiparse. La intención de Scioli es que el proyecto entre en el Parlamento provincial antes de fin de mes para que sea sancionado este año.
La reforma contravencional también prevé la reasignación de partidas para la designación de los jueces de faltas encargados del proceso contravencional, debido a que en el presupuesto 2010 no se tenía en cuenta el gasto para la estructura de estos nuevos funcionarios y para la construcción de los establecimientos donde se alojarán a los contraventores.
Con la nueva ley, el gobierno provincial pretende darle mayor poder a la Policía para actuar ante situaciones sospechosas, debido a la creciente inseguridad que se vive en la Provincia.
Sin embargo, las nuevas sanciones previstas en la iniciativa provocaron las críticas de parte de opositores, fiscales y organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión por la Memoria, que expresaron su rechazo a la reforma contravencional que impulsa el gobernador Scioli.