En el último tercio del Siglo XX especialmente, en las décadas de los 70 y comienzos de los 80- América Latina sufrió la presencia de dictaduras militares fuertemente represivas. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay fueron los ejemplos más dramáticos de un dominio militar desbordado que, en el marco del conflicto este-oeste y a partir de la denominada «doctrina de la seguridad nacional», provocó tragedias tremendas, en aparente defensa de los «valores de Occidente». En ese escenario los derechos humanos constituyeron un instrumento central en la lucha para combatir las dictaduras militares, a partir de conceptos de validez universal.
En el caso específico de América Latina, los derechos humanos se convirtieron en una bandera movilizadora de altísima dimensión moral. Alrededor de esa consigna, fue posible convocar a distintos sectores políticos, culturales y sociales, que funcionaron como un instrumento excepcional para reclamar por la vida y la libertad. En Argentina, la APDH cumplió un papel fundamental y decisivo en ese sentido.
El concepto de derechos humanos no sólo alcanzó una dimensión moral en defensa de la dignidad. También en el plano social sirvió para denunciar las desigualdades que la política económica neoliberal implicaba, agravando las diferencias en la distribución del ingreso y profundizando las consecuencias dramáticas de la política represiva. Por eso, los derechos humanos no sólo fueron concebidos como un límite en defensa de la vida y la libertad, sino también como un reclamo de justicia e igualdad.
En nuestro país, los derechos humanos sirvieron para otorgarle a la democracia reconquistada en el 83 una legitimidad que iba más allá del origen popular de los nuevos gobernantes: el juicio a las Juntas que promovió Raúl Alfonsín legitimó la democracia, porque demostró que podía sancionar a los que habían traicionado a la Constitución desde el poder militar, terminando así con una impunidad inaugurada en septiembre de 1930. Por primera vez en la historia argentina y latinoamericana, los responsables de un golpe de estado y sus consecuencias, fueron juzgados y condenados por la justicia civil independiente, probando de esa manera que la responsabilidad ante la ley abarcaba a todos los argentinos sin excepciones.
Por eso, resulta tan importante preservar los derechos humanos en tanto concepto abarcador, integrador y de valor permanente. Se trata de respetar su definición doctrinaria pero también su dimensión moral y social y su contenido simbólico. A partir de ese razonamiento, es imprescindible condenar su utilización sectaria o propagandística, porque no pueden ser parte de la competencia político electoral ni perder su carácter universal a partir de que algún grupo pretenda apoderarse de ellos.
En ese sentido, dos hechos recientes demuestran que desde el gobierno, se bastardea el valor de los derechos humanos: así sucede con la utilización de la ESMA como ámbito para fiestas, asados y ensayos de murgas. También, cuando se comete la frivolidad de denominar «Nietos Recuperados» a un campeonato de fútbol que el poder utiliza como parte sustancial de su política de difusión y propaganda.
Cuando suceden estas cosas todos perdemos, porque los que gobiernan invocando su defensa, en realidad convierten a los derechos humanos en un instrumento más de acción política sectaria y excluyente con la evidente intención de aprovechar en forma especulativa, valores e ideales que por su naturaleza deben estar por encima del conflicto político cotidiano, conservando su alto contenido simbólico.
Dr. Juan Manuel Casella
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