Como argumento central para impulsar el proyecto de reforma judicial, el gobierno invocó el principio de soberanía popular. A partir de ese criterio, impuso la elección de ciertos integrantes del Consejo de la Magistratura a través de listas presentadas por los partidos políticos, en las mismas votaciones en la que se eligen cargos legislativos y ejecutivos.

El argumento invocado es falso y demagógico. En el sistema democrático, el voto popular es la única fuente de legitimidad para legisladores y gobernantes, pero no para los jueces. En el caso de los jueces su legitimidad proviene de su independencia: sólo aquel que sea independiente, estará en condiciones de resolver los conflictos planteados entre dos partes. La sabiduría popular acuñó un concepto muy evidente: no se puede ser juez y parte. Sólo quienes carecen de relación con las partes de un pleito, están en condiciones de resolverlo con justicia y equidad.
Con su nueva integración y por la forma de elección el Consejo de la Magistratura, del que dependen la designación y la remoción de los jueces, tendrá garantizada la mayoría para el partido de gobierno, colocando al Poder Judicial en situación de dependencia. Cuando el sistema se aplique en plenitud, los jueces dependerán de la voluntad de quien gobierne y los derechos del hombre común quedarán desprotegidos.

En ese sentido, la limitación de las medidas cautelares cierra el círculo de la desprotección. Cuando tengan que reclamarle al Estado, los más humildes –entre ellos los jubilados- tomarán conciencia del daño que provocan estas decisiones del gobierno, acatadas en silencio por los legisladores oficialistas.

Las normas que impugnamos han sido concebidas para politizar y partidizar la justicia. El pueblo argentino no tiene vocación de servidumbre ni está dispuesto a consentir la demolición del contrato constitucional vigente, que garantiza la libertad, el derecho a la disidencia y el respeto por las minorías.

Dr. Juan Manuel Casella
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