Así se desprende de los dichos del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en un diálogo que mantuvo con periodistas.

La cuenta de cuánto debe la Argentina es la siguiente: los 6.500 millones de dólares de la nomina inicial que existe desde el default de 2001 se convirtieron en alrededor de 20.000 millones de dólares, luego de haber transcurrido 16 años de aquel episodio.

Esos 20.000 millones de dólares son producto de los intereses impagos acumulados, y los costos de las sentencias por juicios en contra del país en los últimos 14 años, primordialmente el del fallo denominado “pari passu” dispuesto por el juez neoyorquino Thomas Griesa.

En tren de precisiones, 9.000 millones de dólares corresponden a las sentencias del juicio “pari passu”; alrededor de 2.500 millones de dólares corresponden a holdouts italianos que le dieron mandato a Nicola Stock para negociar; y otros 8.500 millones de dólares son de fallos dispuestos en Europa y en Nueva York distintos del “pari passu”, o bien de tenedores que en su momento no litigaron y que ahora se suman como “mi too”.

La estrategia de pagarle en efectivo a los holdouts fue agresiva, pero permitió que un número importante de holdouts aceptara la oferta y que el Griesa cambiara radicalmente su posición con el país, al haber ordenado que levante las restricciones que pesan sobre el país para emitir deuda externa o pagarle a los bonistas del canje.

Si el Gobierno logra alcanzar un acuerdo con todos los holdouts, esto permitirá un ahorro general de 25% del valor de la deuda al día de hoy, por lo que el Gobierno deberá disponer de 15.000 millones de dólares, más de la mitad de las reservas internacionales.

Con tremenda cuenta, el Ministerio de Hacienda y Finanzas anunció ayer que lanzarán una nueva emisión de deuda por 15.000 millones de dólares para pagarle a los fondos buitre y los demás holdouts.

Prat Gay explicó que, tras haberle ofrecido pagar en efectivo, Argentina se ahorra también otros 3000 millones de dólares potenciales, que hubiesen surgido si la oferta a los fondos buitre hubiese sida pagarle con bonos, y no cash.

“Los que tenían que recibir el bono decían: ‘Lo tengo que vender y va a valer menos, con lo cual quiero recibir más cantidad de bonos’. Mientras que para nosotros los bonos iban a valer más (luego del acuerdo)”, dijo Prat Gay. Por lo que, al pagar en efectivo, “estimamos que al hacerlo nosotros, estamos ahorrando otros 3.000 millones de dólares”.

Según los datos oficiales aportados por el mediador Daniel Pollack y por el Gobierno, hasta el momento se alcanzaron acuerdos por alrededor de 3.500 millones de dólares con distintos fondos, entre los que se encuentran fondos buitre como EM, de Kenneth Dart, Montreaux y Capital Venture International.

Prat Gay enfatizó que Argentina ya alcanzó un acuerdo preliminar equivalente a un tercio de la deuda en default.

En tanto, los analista de mercado comenzaron a realizar cuentas y estiman que, si bien hay mercado para que Argentina emita semejante cantidad, el Gobierno podría pagar una prima debido a la magnitud del monto solicitado.

Leonardo Chialva, de Dephos Investment, dijo a Télam que “si se emite un bono a 10 años, el bono podría colocarse a un interés de 7,75%. Esto equivale a tener un costo adicional de 25 puntos de tasa por el tamaño de la emisión”.
Por su parte, Miguel Arrigoni proyectó la posibilidad de que Argentina encuentre un “mercado duro” al salir a colocar semejante cantidad de deuda.

Mientras se debaten los costos del financiamiento y Prat Gay viaja a China para asistir a la cumbre de minisros de Economía de los países del G20, en Nueva York la Camára de Apelaciones tiene previsto mañana llevar adelante una audiencia en la que participarán los letrados que representan a la Argentina y a varios fondos buitre (por casos relacionados con el pari passu), que ya estaba pautada antes de conocerse fallo de Griesa del viernes.

La Argentina solicitó ayer que se posponga dicha audiencia, bajo el nuevo contexto que generó la oferta a los holdouts y el posterior fallo de Griesa. El pedido obedeció también a que desde el sábado hay un nuevo estudio que lidera la defensa argentina, Cravath y asociados, que desplazó a Cleary Gottlieb, según el texto enviado a la Cámara de Apelaciones.

Hoy fue el turno de los fondos buitre, Aureluis y NML, que se negaron a ingresar a la oferta, y que solicitaron a la Corte Superior que dicha audiencia siga en pie como estaba pautada.

En tanto, Telam consultó a la Corte esta tarde sobre la audiencia y desde la misma indicaron que “el cronograma de la Corte sigue adelante tal como estaba pautado”, y que hasta el momento no hubo ninguna decisión en contrario, por lo que se llevará a cabo a las 10 hora de Nueva York (las 12 en Argentina).

El fallo de Griesa del viernes postula que hasta el 29 de febrero, los holdouts tienen tiempo para ingresar a la oferta, y a partir de ahí la Argentina sabrá el monto final sobre el que deberá emitir deuda.

En tanto, si la Camara de Apelaciones avala el fallo de Griesa, los holdouts que elijan quedar fuera del arreglo, tendrían menos poder de presión del que tendrían si no se levantaran las restricciones contra del país.

En concreto, el criterio de evaluación corresponde a cada fondo buitre en lo que respecta a si está será la verdadera oferta final
Nada garantiza hoy que Paul Singer ingrese a la oferta porque Griesa no puede forzarlo, ni que luego, si no ingresa, la Argentina se decida terminar con el default y pagarles más, porque las leyes de Estados Unidos así lo permiten.

Por eso existe la posibilidad de que continúe el default a la vieja usanza antes del fallo ‘pari passu’, en el que el gobierno argentino buscaba de manera imperiosa evitar embargos y los fondos buitre hurgaban la existencia de activos en el exterior, por fuera de los diplomáticos.