El jefe de la zona metropolitana de ese cuerpo de policía militarizada, general José Luis Ortega, precisó que el agente Miguel Millacura fue dado de baja y puesto a disposición de la Fiscalía por haber omitido en un primer momento que realizó disparos con su ametralladora UZI calibre 9 milímetros, repuso esas balas y limpió el arma de servicio antes de entregarla, informó el diario El Mercurio.

“Carabineros no lo está culpando por la muerte del joven Manuel Gutiérrez, sino que es responsable por haber utilizado su arma y no haber dado cuenta y además haber repuesto la munición y limpiado el arma”, señaló el jefe policial, quien resaltó que “por la transparencia de la institución” decidió poner al efectivo a disposición de los tribunales de justicia.

Gutiérrez, de 16 años, quien no participó de las marchas que cerraron el paro nacional de 48 horas convocado entre miércoles y jueves por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fue asesinado de un balazo cuando caminaba por una zona en la que había disturbios ya concluida la jornada de protestas.

El jefe de la zona metropolitana anunció que el suboficial, con 18 años de servicio en la institución, reconoció ante personal de Asuntos Internos de la policía uniformada que él había realizado dos tiros para repeler un ataque con armas de fuego en su contra por parte de un grupo de antisociales.

Sin embargo, el efectivo asegura nunca haber disparado a sus atacantes al cuerpo, sino sólo habría percutado su pistola como una forma de advertencia.

Ortega agregó que lo descubierto es “información relevante que la comunidad tiene que saber, ahora es la justicia y la PDI, con sus peritajes, los que tienen que decir si el proyectil encontrado en el cuerpo del menor coinciden con el arma que utilizó el suboficial”.

Tras conocer la confesión de Millacura, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, aseguró que si hay un funcionario policial involucrado en el caso, deberá asumir las consecuencias que estable la ley.

“Como ministro del Interior no me va a temblar la mano para que ese funcionario tenga que cumplir con todas las sanciones que establezca nuestro ordenamiento jurídico”, manifestó el ministro, quien aclaró que no está adelantando un juicio, sino el principio con el que se rige el ordenamiento jurídico del país.

El viernes, cuando se conoció la muerte del adolescente, el segundo jefe de la zona metropolitana, general Sergio Gajardo, había descartado “de plano” cualquier vinculación de la institución con el hecho, pese a que los testigos aseguraron que los disparos fueron realizados por carabineros.

En tanto, la alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza, confirmó ayer la muerte de Mario Parraguez, de 18 años, quien fue baleado durante los disturbios ocurridos la madrugada del viernes en la popular comuna de La Pincoya.

El joven, que permanecía hospitalizado grave producto de un disparo en uno de sus ojos, murió el sábado, pero su deceso sólo fue informado ayer.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el autor del disparo estaría ligado al tráfico de drogas, por lo que no se descarta un ajuste de cuentas.