El político y empresario, de 76 años, fue condenado por un tribunal de Milán por fraude fiscal en la adquisición de derechos televisivos para su imperio audiovisual Mediaset.

Berlusconi, que hace dos días anunció su renuncia para ser elegido nuevamente primer ministro en los comicios del próximo año, fue condenado a cuatro años de cárcel, a entre tres y cinco años de prohibición de ejercer cargos públicos y obligado a pagar de modo provisional 10 millones de euros al fisco italiano.

Sin embargo, el magnate de los medios se beneficiará de la ley de indulto de 2006, por la que se le condonarán tres de los cuatro años de prisión y la inhabilitación para cargos a la que fue condenado no empezará a contar hasta que la sentencia quede firme.

Concretamente, fue inhabilitado durante tres años para ejercer cargos en entidades jurídicas y empresas y se le prohibió el contacto con la administración pública durante el mismo período.

Además, le impusieron cuatro años de inhabilitación en materia de asistencia tributaria y cinco en cargos públicos oficiales.

El caso por el que fue condenado hoy se refiere a la compraventa de los derechos de transmisión de películas estadounidenses por parte de su grupo audiovisual Mediaset entre 1994 y 1999, bajo la sospecha de un aumento artificial del precio real de los derechos para evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.

Según el fiscal, Fabio De Pasquale, Mediaset “exageró” los costos de la compra de filmes, fijándolos en 368 millones de dólares entre 1994-1998, mientras entre 2001-2003 esa cifra descendió a 40 millones de euros.

Los jueces de la Primera Sección Penal de Milán que juzgaron al ex primer ministro afirmaron que “los derechos (audiovisuales) pasaban de mano en mano y se aumentaban de modo injustificado. Eran traspasos carentes de una función comercial. Servían solo para que se elevara su precio”.

Los magistrados cifran además en 17.500 millones de liras en 2000, en 6,6 millones de euros en 2001, unos 4 millones de euros en 2002 y unos 2 millones de euros en 2003 la cantidad de dinero objeto de esta “evasión muy considerable” en la que participó Berlusconi.

En un procedimiento poco habitual en la Justicia italiana, los magistrados del Tribunal de Milán aceleraron la redacción de las motivaciones de su sentencia para que un eventual recurso comience antes, dado que el delito prescribe en junio de 2014.

En este juicio estaban también imputados el presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri, quien quedó absuelto, y el productor estadounidense de origen egipcio Frank Agrama, considerado el “socio oculto” de Berlusconi y condenado a tres años de prisión, condonados por la ley de indulto.

La adquisición de los derechos por valor de 470 millones de euros para el grupo empresarial Fininvest al que pertenece Mediaset se realizó a través de dos sociedades extranjeras, la Principal Network Communication y la Principal Network, y de otros intermediarios, entre ellos Agrama.

Según los jueces, este sistema permitió a Mediaset, el grupo audiovisual italiano al que se le vendieron después esos derechos comprados a las productoras estadounidenses, inflar los costos, creando así “fondos ocultos” para evadir al fisco italiano, informó la agencia de noticias EFE.

El proceso, que se inició en 2006 sufrió numerosas interrupciones. Se reanudó en febrero de 2011, tras 18 meses de suspensión por la llamada ley del “legítimo impedimento”, escudo judicial del que se sirvió Berlusconi cuando ocupaba la jefatura del Gobierno y que quedó parcialmente invalidado.

La ley fue anulada parcialmente al año siguiente por la Corte Constitucional, lo que propició la reanudación del proceso contra Berlusconi.

En un comunicado conjunto, los abogados de Berlusconi, Piero Longo y Niccolo Ghedini, definieron la sentencia como “absolutamente increíble” porque no tiene en cuenta la decisión de la Justicia en otro proceso relacionado, el Mediatrade, en el que, tanto en Milán como en Roma, el ex premier quedó libre de cargos.

Este era uno de los tres procesos que Berlusconi tenía abiertos junto al del llamado caso Ruby, por abuso de poder e incitación a la prostitución de menores, y al de la publicación de escuchas telefónicas de procedencia ilícita en el diario “Il Giornale”.

Se trata de la cuarta condena contra Berlusconi en primer grado de un total de 33 procesos, aunque no cuenta con ninguna sentencia en firme. Además se benefició con la prescripción de los delitos de los que se le acusaba en seis casos, el último el pasado febrero en el caso Mills por corrupción en acto judicial.

Berlusconi el miércoles pasado renunció a presentarse como candidato en las elecciones del 2013 como jefe de gobierno de Italia, cargo que ocupó durante casi 10 diez años.