La fiscal requirió que también sea interrogado como imputado, es decir como sospechoso de haber participado en el hecho, el número tres de la organización gremial Juan Carlos “Gallego” Fernández.

El pedido de indagatoria, sobre el que ahora debe resolver la jueza, es la primera tentativa de subir un escalón en la cadena de responsabilidades penales, luego de que ayer fueran procesados los siete detenidos por “homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado y coacción agravada”.

Fernández es mencionado en el expediente como el dirigente que se comunicó por handy con el jefe y organizador del grupo agresor, el delegado Pablo Marcelo Díaz, para ordenarles que se retiren del lugar luego de cometido el crimen.

Salvo el barrarbava Cristian “Harry” Favale, que admitió haber concurrido con la expectativa de conseguir un trabajo como ferroviario, todos los demás, empezando por Díaz, delegado del ramal Roca, son activistas del sindicato que encabeza Pedraza desde hace un cuarto de siglo.

Díaz fue descripto en la resolución del procesamiento como “engranaje central en la organización del grupo que realizó los disparos de arma de fuego” en los que, además, resultaron heridos de bala Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos.

Añade que tuvo “un papel preponderante en la conformación y organización del grupo” y en el terreno actuó “controlando el despliegue del grupo de personas que respondían a sus órdenes, disponiendo los ataques y los repliegues”.

Pedraza ya prestó declaración testimonial ante la fiscal Caamaño al iniciarse la causa y tomó distancia de la patota de su gremio aduciendo que había seguido el incidente a través de la televisión aunque en contacto con Fernández, un hombre central en su estructura de poder dentro del gremio.

En la página web de la Unión Ferroviaria, Fernández figura en tercer lugar con el cargo de secretario de administración, debajo de Pedraza y del adjunto Guillermo D’Angella, y en un nivel equivalente al de finanzas, Armando Matarazzo.

A los siete procesados la jueza López les imputó haber coadyuvado a “un plan criminal” desde diferentes roles “sin que ello implique descartar otras intervenciones que pudieren aparecer a partir del desarrollo del proceso”.

El guardatren Gabriel “Payaso” Sánchez es mencionado junto a Favale como uno de los dos que disparó armas de fuego, y el picaboletos Guillermo Uño como otro que fue visto con un arma en las manos.

El portero de los talleres de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez habría sido quien recogió las armas, mientras que los también ferroviarios Jorge Daniel Gonzáles y Francisco Daniel Pipito intentaron romper la cámara de C5N para evitar que registrara la agresión.

En el local de la Unión Ferroviaria de Plaza Constitución, la Gendarmería secuestró luego del crimen balas calibre 45 de punta hueca, que no corresponde a los proyectiles calibre 38 special y 22 encontrados en el lugar.