Según el decreto, que repite los argumentos del decreto anterior, las secuelas del suceso “no se han podido superar” a pesar del “proceso intensivo de recomposición institucional” del sistema de seguridad del Legislativo, informó la agencia noticiosa italiana ANSA.

“Podría generar gran conmoción interna si es que la Asamblea Nacional no pudiese ejercer a plenitud las atribuciones y facultades que les confiere la Constitución y la ley”, dice el decreto 647 firmado el lunes por la noche por el presidente Rafael Correa.

El texto encargó otra vez a las Fuerzas Armadas la seguridad del recinto legislativo, ubicado al centro norte de Quito, las que deberán elaborar un “plan de contingencia” para proteger las instalaciones junto con el Ministerio de Defensa.

El 30 de septiembre, la escolta legislativa se unió a las protestas que iniciaron sus pares de la policía en el regimiento Quito 1 e impidió el ingreso a los legisladores oficialistas, no así a los de la oposición al gobierno del presidente Rafael Correa.

El estado de excepción en el Legislativo continuaba desde el 9 de diciembre. La víspera de ese día había vencido en toda la región Quito, escenario de los principales disturbios golpistas que casi terminan con la vida de Correa, por lo que la Policía Nacional fue gradualmente recuperando sus tareas de custodia.