Contribuyentes en juicio podrán levantar embargos solo con suscribir un plan de pago

Por tres meses, ARBA no exigirá anticipos para destrabar medidas cautelares.

Con el objetivo de facilitar la actividad de los contribuyentes bonaerenses que poseen deudas tributarias en instancia judicial, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires dispuso que, con solo suscribir un plan de pago, se podrá obtener el levantamiento de medidas cautelares, entre ellas, los embargos en cuentas bancarias. De esa forma, por un plazo de tres meses, el fisco dejará de exigir el anticipo del 10% que regía hasta hoy.

Gastón Fossati, director de ARBA, subrayó que “esta decisión se enmarca en un amplio programa de apoyo que promovió la gobernadora María Eugenia Vidal para favorecer a las pequeñas y medianas empresas del territorio bonaerense”.

En esa línea, aseguró que “nuestro objetivo es otorgarles facilidades a los sectores productivos que hoy enfrentan problemas, para que tengan la oportunidad de regularizar rápidamente sus deudas tributarias y recuperen capacidad financiera”.

Respecto del levantamiento de medidas cautelares, Fossati explicó que “la flexibilización que instrumentamos en ARBA permitirá que, con solo formalizar un plan de pago y sin necesidad de abonar anticipos, los contribuyentes puedan levantar embargos. De esa forma, volverán a operar sus cuentas bancarias con normalidad, recobrarán liquidez y accederán a nuevos créditos”.

El beneficio, que regirá hasta el final de febrero del año próximo, aplica para todos los contribuyentes que tengan deudas que puedan ser incorporadas a planes de pago, pero no incluye en ningún caso moras que deriven de situaciones relacionadas con defraudación fiscal.

Actualmente, para liberar las cuentas bancarias inmovilizadas por deudas impositivas, los contribuyentes deben abonar un anticipo del 10% del monto reclamado y, luego, adherir a un plan de pago por el resto.

Ese anticipo era del 30% en la primera mitad de este año, pero en junio la Provincia resolvió reducirlo por un plazo de seis meses para favorecer la situación de las pymes y contribuir al sostenimiento de la producción, cuidando los puestos de trabajo que generan.

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