Comienza a definirse la agenda para analizar un proyecto que elevaría el crédito a las PyMEs

El titular de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica), analizará esta semana con el diputado Carlos Heller (Nuevo Encuentro Popular y Solidario) la fecha en la que comenzará el tratamiento del proyecto de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social.

La iniciativa, que prevé elevar el crédito destinados a las pymes, contempla topes en la tasa de interés y condiciona la participación de entidades extranjeras, deberá ser considerada inicialmente por la comisión de Finanzas y luego por la de Presupuesto y Hacienda.

Heller dijo que la definición de la agenda de trabajo tiene por objetivo «conocer la opinión de las asociaciones de bancos, empresarios y usurarios» respecto al tema.

En declaraciones formuladas el viernes a FM Identidad, Heller reconoció, no obstante, que «las cámaras empresariales y del sistema financiero tienden a tener alergia a las regulaciones estatales y prefieren las regulaciones del mercado».

El proyecto presentado a fines de abril por Heller lleva también las firmas de los legisladores Martín Sabatella, Jorge Rivas, Vilma Ibarra y Ariel Basteiro.

Fuentes legislativas anticiparon que la reunión que mantendrán Prat Gay y Heller -vicepresidente de la Comisión de Finanzas- se llevará a cabo el miércoles y que el análisis del proyecto podría comenzar «a más tardar en julio».

«A partir de allí se llevará a cabo un conjunto de audiencias, tanto privadas como públicas, con los distintos interesados, empezando por las asociaciones de entidades financieras», agregaron las fuentes.

El proyecto concibe a la actividad financiera «como un servicio público, a partir de necesidades de los usuarios y no de los bancos», según precisó el titular del Credicoop durante la presentación del proyecto.

La iniciativa propone tornar obligatoria la garantía estatal de los depósitos y triplicar su monto (de 30 mil pesos en la actualidad a 100 mil pesos).

Además, el Banco Central deberá monitorear que ninguna entidad financiera privada supere una participación de 8% en el conjunto del sistema, tanto de depósitos como de préstamos.

Ese tope no modificaría la situación actual, pero «evitará que el sistema avance a una mayor concentración», según los impulsores del proyecto.

Se impulsa además la creación de la Defensoría del Usuario de Servicios Financieros en el ámbito del Banco Central y un Departamento de Atención al Usuario de Servicios Financieros en cada entidad.

En materia crediticia, la iniciativa encomienda al BCRA establecer un listado de «servicios esenciales” que los bancos deberán ofrecer a los sectores sociales de menores ingresos sin costo o con un nivel máximo de comisiones.

Las entidades financieras, según el proyecto, deberán destinar en forma directa o indirecta a las micro, pequeñas y medianas empresas no menos de 38% del total de su financiamiento al sector privado, y 2% a los microemprendimientos.

Asimismo, las tasas de interés máximas para préstamos a MIPyME y créditos personales de hasta 100 mil pesos no podrán superar en más de 5% a una tasa promedio ponderada del sistema financiero para ese segmento.

Por otra parte, se establecerán disposiciones más estrictas sobre la explotación de empresas no financieras y se anula la posibilidad de los bancos puedan tener participación accionaria en otras entidades financieras.

Se busca regular además las operaciones en moneda extranjeras, de modo que los depósitos en divisas se apliquen a operaciones de deudores con ingresos en esas monedas, y se deja un margen de 10% para préstamos a PyME y de inversión con capacidad cancelatoria.

En otro orden, la iniciativa prevé que sea el Poder Ejecutivo y no el Banco Central el que autorice nuevas inversiones externas en el sector, y contempla restablecer el criterio de reciprocidad con los países de origen.

Por último, el proyecto de ley de Servicios Financieros alienta una distribución regional equitativa de la actividad bancaria, para lo cual propone crear un «fondo compensador de estímulo» en el seno del BCRA, que se integrará con el aporte obligatorio de todas las entidades financieras.

«De ese modo se compensarán los costos mayores en que incurran esas entidades cuando desarrollan operatorias en zonas geográficas de menor densidad poblacional y con menor desarrollo económico y social, y cuando prestan la mayor cantidad de servicios esenciales», explicó Heller.

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