La investigación del Centro Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina (CEMyT), que pertenece a la CTA, reveló que esa cifra corresponde a las trabajadoras no registradas empleadas en casas particulares, que alcanzan el 84,9% del total.

“Gracias a las políticas activas del Ministerio de Trabajo con las exenciones de impuestos a las ganancias a los empleadores de personal doméstico, unas 140.000 trabajadoras fueron formalizadas desde 2006 pero aún persiste una gran informalidad”, dijo a Télam Estela Díaz, coordinadora del CEMyT.

Díaz destacó que mientras en este sector de empleo se da un 85% de informalidad, “esa condición en el conjunto de los trabajadores no representa más que el 35%”.

De igual forma, el 71% de las mujeres que trabaja en otros sectores está registradas contra un 28,4% que no lo está.

“El sector de las empleadas en casas particulares es el más informalizado, el más precario. Es pago, pero no ofrece garantías en seguridad social, ni respeto por las licencias que sí se les reconocen a otros trabajadores y trabajadoras”, dijo Díaz.

El informe revela que “el trabajo doméstico remunerado es una ocupación que en el primer trimestre de 2010 representaba el 17,8% del total de las mujeres ocupadas y el 22% del total de asalariadas de todo el país”.

En tanto, según la investigación “el 38,3% de quienes hacen trabajo doméstico cumple además con la función de ser jefe de hogar”.

Otro dato a tener en cuenta es que en el sector de las casas particulares hay más mujeres de más edad en otros empleos.

De hecho, el 19,4% del total de estas trabajadoras tiene más de 55 años mientras se registra 12,6% en otros colectivos de asalariadas.

Al analizar la procedencia del sector, el informe sostiene que el 37,2% de las mujeres que trabajan como empleadas domésticas son migrantes, el 24,4% proviene de otra provincia y un 12,8%, de países limítrofes.

Para la responsable del instituto, el problema “tiene que ver con la histórica división sexual del trabajo y esta división entre lo público y lo privado”.

“Hay que tener en cuenta que el trabajo, profundamente feminizado, se realiza dentro de los hogares. Ahí hay un cruce que genera una zona difusa entre un contrato de trabajo explícito y otros acuerdos que se hacen a partir de relaciones personales que a veces son hasta afectivas, e incluso íntimas”, señaló Díaz.

Según Díaz, la dificultad de ver este trabajo como tal no es sólo de quien contrata sino que a veces también es de la propia trabajadora, por lo que “el desafío apunta a un cambio cultural”.

Para la subsecretaria de Promoción de Derechos de la Secretaría de Derechos Humanos, Marita Perceval, “pese a los avances de los últimos años, no hemos alcanzado la universalización del trabajo digno en el sector”.

A partir de 2006, el estado nacional impulsó una serie de medidas para regularizar la situación laboral de estas trabajadoras, a través de un Régimen Simplificado del Servicio Doméstico, obligando al empleador a hacer aportes patronales para quienes trabajan mas de seis horas semanales para un solo empleador.

Pero ese régimen cubre solo la obra social y al jubilación, sin regular las condiciones de trabajo.

Perceval aseguró que “el desafío no es ya lograr la igualdad de oportunidades sino la igualdad de condiciones, de trato y del ejercicio de los derechos”.